Alrededor de 7,8 millones de personas recibirán por única vez el bono de 10 mil pesos perteneciente al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que busca darle un sustento económico a los trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas que no pueden trabajar debido a la cuarentena.
Anses organismo encargado de otorgar esta ayuda- comunicó esta semana cómo está compuesto el total de los beneficiarios y cuáles son sus principales necesidades. Uno de los datos que más llamó la atención en el análisis del beneficio fue la franja etaria de los jóvenes de entre 18 y 25 años. Un total de 1.356.306 accedió a esta ayuda por ser trabajadores asalariados informales y desocupados.
Son justamente los jóvenes de hasta 25 años quienes se encuentran en las tasas de pobreza más alta junto al grupo de 46 a 65 años. La franja intermedia, de 36 a 45 años son situados como los más afectados de esta crisis, en la línea de la indigencia según el informe de Anses. Los más jóvenes son casi en su totalidad informales (98,8%), mientras que en el total de los segmentos considerados la informalidad es de 92,1%, indica el comunicado en cuanto al sector laboral.
En el área de los desocupados, los más afectados son los jóvenes de 18 a 25 años, representando un 38,8% del universo estudiado. El 48,0% de esta franja etaria se encuentra debajo de la línea de pobreza, constituyendo el 53,9% de los pobres totales y 59,2% de los/as individuos en indigencia, y 25,4% entre 26 a 35 años. Es decir, 2 de cada 3 desempleados/as es menor de 35 años y 68,2% del total de este grupo son pobres, añaden.
Las cifras y porcentajes se elevan en las regiones Noroeste y Noreste, donde hay mayor cantidad de población rural. De los 7,8 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, el 12,8% reside en el NEA y el 16,5% en el NOA. El Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires comprenden al 39,1%.
El estudio se presenta, principalmente, para dar cuenta de la población a la que llega este beneficio de los 10 mil pesos: una población con ingresos muy bajos (más del 64% son pobres) e inestables (trabajadores/as informales, cuentapropistas, desocupados/as), lo que la vuelve extremadamente vulnerable desde el punto de vista económico a las políticas de aislamiento social preventivo y obligatorio.
Finalmente, explican que además de ayudar al sector más golpeado por la paralización de la economía en la cuarentena, a partir del IFE, el Estado también consolidó una base de datos más amplia, que sin duda permitirá entender mejor un sector. Estos dos elementos constituyen en sí mismos material para el rediseño de la herramienta IFE, mejora y configuración de nuevas propuestas de política pública, añade el informe.
