Este domingo culmina la segunda etapa del aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno. En este marco, el presidente Alberto Fernández se reunió en videoconferencia con todos los gobernadores para delinear los pasos a seguir. Tras escuchar a los sectores industriales y de trabajadores con los que se reunió ayer por la mañana-, analizó la situación en cada distrito argentino y las opiniones de cada uno de los dirigentes.
En este sentido, coincidieron que el periodo de cuarentena va a seguir después de Semana Santa, de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales del Gobierno. Además, hablaron de ir flexibilizando de a poco los diferentes sectores de la economía, pidiéndole a todos los gobernadores aunar criterios para no tirar por la borda el esfuerzo hecho hasta el momento.
Si bien todavía no hay fechas oficiales, se estima que el aislamiento se extienda una semana y media más, anuncio que está previsto para el domingo de Pascuas. Entre las opciones que se manejan hasta el momento se encontraría la posibilidad de autorizar el rubro de la construcción, primero del sector público y luego del sector privado, como también algunos rubros de la industria y comercio con protocolos estrictos de salud y horarios reducidos.
Entre los pedidos realizados por Alberto Fernández se encuentra uno esencial: la necesidad de que cada gobernador estudie el sistema de transporte público para que siga utilizándose lo mínimo posible. En este sentido, las fuentes oficiales coincidieron en el pedido del Presidente de evitar el relajamiento con la cuarentena porque todavía no se termina de tomar dimensión del estado real de situación.
Ante todos los presentes, Alberto Fernández dejó en claro que ante cualquier mecanismo, de ningún modo va a ser flexibilizada la cuarentena para los adultos mayores porque, cuanto más los aislemos, mejor será.
A la par, el Comité de Crisis evalúa cómo flexibilizar el aislamiento sin afectar la salud de la población general, mientras que el Presidente anticipó que Nación asistirá a las provincias con unos 120 millones de pesos para que puedan sobrellevar la crisis económica y fiscal detonada por la pandemia. Se espera que esta inyección de dinero garantice el pago de los sueldos y los servicios básicos ante la caída de los ingresos locales.
