En las últimas horas, desde el oficialismo cobró fuerza la idea de una ley que regule los “discursos del odio”, a los que el Gobierno relaciona con algunos medios de comunicación y la oposición política, y que vinculan con el intento de asesinato de Cristina Kirchner.
Atentado a CFK: voces del oficialismo hablan de una "ley del odio" para regular a los medios
Varios funcionarios relacionados al gobierno hablaron sobre la necesidad de su instauración. La ley del odio tiene antecedentes en Alemania, Francia y Venezuela
05 de septiembre de 2022 - 10:02
El senador José Mayans; la titular del Inadi, Victoria Donda; la portavoz presidencial Gabriela Cerruti y el asesor presidencial Alejandro Grimson se expresaron durante el fin de semana en relación a la “necesidad” de esa nueva legislación, que reconoce para algunos de ellos como antecedente válido la cuestionada ley del odio.
“Hay periodistas con nombre y apellido que son partícipes necesarios muy centrales de la construcción del odio en Argentina y que hagan una autocrítica y que ese discurso que les genera uno o dos puntos más de rating tiene profundas consecuencias sociales, discursos que generan otros discursos de persecución, de expulsión y de exterminio”, dijo Cerruti el sábado en diálogo con La Nación+.
Por su parte, Victoria Donda escribió, en su columna del portal Infobae, que “las y los periodistas y la dirigencia tienen un rol social que les endilga una responsabilidad democrática; no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”. Y agregó: “Por eso nos urge como sociedad tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas. Existe en Francia. Existe en Alemania. Debería existir en Argentina”.
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Un antecedente cercano a esta ley está en Alemania. Angela Merkel impulsó una legislación “contra el discurso extremista” durante una recordada presentación ante el parlamento alemán, en la que sostuvo que “la libertad de expresión tiene sus límites, que empiezan cuando se propaga el odio”.
La ley del odio fue aplicada también por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y seriamente cuestionada por la oposición. En un total de 60 acusados identificadas en tres años, los principales son “trabajadores públicos y de la salud con dieciocho (18), trabajadores de los medios de comunicación, con dieciséis (16), diez particulares, nueve activistas y miembros de ONG.
