Ello surge porque los incrementos de tarifas en lugar de iniciarse el 16 de febrero como estaba previsto originalmente, comenzarán el 1 de febrero pasado, a pesar de una resolución publicada en el Boletín Oficial a mediados de ese mes que confirmaba la primera fecha como el inicio de los aumentos.
No obstante, la Secretaría de Energía comunicó a las empresas distribuidoras que el aumento de las tarifas en cuanto a generación eléctrica debía aplicarse de forma retroactiva, una medida que no fue informada a los usuarios a través de ningún canal oficial, y que podría derivar en presentaciones judiciales, debido a que los ajustes en las tarifas de los servicios públicos tienen que darse a conocer mediante una resolución oficial y pública, de libre acceso.
Los nuevos valores preveían una suba del 117% ($20.460 el MWh a $44.401) para los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias y sin cambios para los hogares de ingresos bajos y medios. Al percatarse que eso iba a entrar en vigencia a partir de mediados de mes, el área encabezada por Eduardo Rodríguez Chirillo notificó a las empresas que debían facturar los consumos de forma retroactiva a inicios de febrero.
Cómo se aplicará el aumento en las facturas de luz
Aunque los ajustes en el costo de distribución no se pueden aplicar de manera retroactiva, desde el Ejecutivo entienden que si se puede hacer con el valor de generación, ya que el cálculo surge de la concurrencia de la demanda estimada y los costos de la oferta con la que se atenderá. De esta manera, el problema de esta decisión radica en su falta de comunicación.
El aumento retroactivo se ejecutó solamente en el AMBA, ya que el resto de las distribuidoras provinciales no recibieron notificaciones de parte de sus entes reguladores. Por lo tanto, las firmas afrontaron la suba de la generación desde el 1 de febrero, sin poder trasladar el mayor costo a sus clientes desde esa misma fecha.
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