El Gobierno Nacional declaró emergencia pública en el sector ferroviario para los servicios de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial este jueves. La medida entró en vigencia este 13 de junio y tiene un plazo de duración de 24 meses.
El Gobierno declaró la emergencia ferroviaria y la Ley Bases autoriza a privatizar Trenes Argentinos
La emergencia fue declarada tras la aprobación de la Ley Bases que tiene entre las empresas a concesionar la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
13 de junio de 2024 - 10:01
La declaración de la emergencia ferroviaria se dio horas después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado que mantiene entre las empresas a concesionar al Belgrano Cargas y a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), que controla Trenes Argentinos, con los servicios del AMBA.
En la justificación de la declaración de emergencia, que se anunció luego del accidente ferroviario de Palermo del mes pasado, apuntaron: “Se ha registrado una ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante, lo cual ha conllevado, en la práctica, una sensible disminución de formaciones en servicio y por consiguiente una disminución en las frecuencias”.
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Qué implica la declaración de emergencia
En el texto oficial se le exige a las empresas ferroviarias que presenten una propuesta de medidas urgentes para garantizar la seguridad operativa de los servicios. También el Decreto 525/2024 direcciona la transferencia de fondos al sistema ferroviario y "facilita" la importación de materiales para el mantenimiento y las mejoras de seguridad.
Para hacer frente a la situación de emergencia, en tanto, el Decreto 526/2024 establece una serie de medidas. Se designa a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación de la emergencia, se crea un Plan de Acción y se posibilita poner fin o renegociar contratos en curso.
Además se habilita la adecuación de las frecuencias de los servicios ferroviarios, la revisión integral de las normas vigentes en materia de mantenimiento y seguridad, así como la atracción de inversiones y la reorganización empresarial de las empresas ferroviarias.
A pesar de que la medida es por dos años, confirmaron que el plazo podría extenderse por otros dos años más, en caso de que fuera considerado necesario por parte del Poder Ejecutivo o la Secretaría de Transporte, organismo que fue denominado como autoridad de aplicación.
