El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su “profunda preocupación y rechazo” ante la creación de la cuenta de la red social X denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, promovida desde el gobierno de Javier Milei con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”.
Fuerte rechazo del periodismo a la oficina de Milei de "respuesta oficial"
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su repudio por considerar que el gobierno de Milei monta con fondos públicos “un tribunal de la verdad”.
07 de febrero de 2026 - 08:12
Desde FOPEA señalaron: “El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma. El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una “verdad oficial” indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre”.
En ese marco, desde el Foro advirtieron advirtieron sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”. “Resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”, marcaron.
El rechazo de FOPEA a la medida del gobierno de Milei
Y sostuvieron: “Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, al modificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial”.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar”, finalizaron.
