El Gobierno reglamentó el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, previsto en la Ley 27.799. La medida quedó formalizada a través del Decreto 93/2026, y fija los criterios operativos para su aplicación por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP.
Qué establece el régimen simplificado de Ganancias
El Régimen de Declaración Jurada Simplificada está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan determinados requisitos de ingresos y patrimonio y que no estén categorizadas como “grandes contribuyentes nacionales”. El sistema prevé que ARCA ponga a disposición una declaración jurada precargada, cuya presentación y pago en término tiene efecto liberatorio para el período fiscal declarado.
Según el decreto, una vez cumplida la obligación, se presume la exactitud de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del IVA de los períodos no prescriptos, sin admitir prueba en contrario, salvo que el organismo detecte una “discrepancia significativa”.
Discrepancia significativa y controles de ARCA
La reglamentación define que existirá discrepancia significativa cuando, por ejemplo, el ajuste realizado por ARCA implique un incremento del impuesto a favor del fisco de al menos un 15% respecto de lo declarado, o cuando la diferencia supere los montos previstos en el Régimen Penal Tributario.
También se considera configurada la discrepancia cuando se detecte el uso de facturas u otra documentación apócrifa, sin importar el monto involucrado. En esos casos, ARCA podrá extender las tareas de verificación y fiscalización a períodos anteriores no prescriptos.
El decreto aclara que no se tendrá en cuenta la diferencia entre una declaración original y una rectificativa presentada de manera espontánea antes del inicio de una fiscalización.
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Planes de pago y sanciones
Otro punto central es que se considera regularizado el saldo del impuesto no solo cuando está totalmente cancelado, sino también cuando el contribuyente se adhiere, dentro del plazo de vencimiento, a un plan de facilidades de pago dispuesto por ARCA.
En materia de sanciones formales, la norma distingue entre infracciones cometidas antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 27.799, estableciendo distintos criterios para el cálculo de las multas según el momento del incumplimiento.
Además, quienes ya se habían adherido a la modalidad simplificada prevista por el Decreto 353/2025 deberán convalidar su adhesión para acreditar que cumplen con los nuevos parámetros fijados por la ley.
El decreto entró en vigencia a partir de su dictado y habilita a ARCA a emitir las normas complementarias necesarias para su implementación.
