La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto conocido como "Súper RIGI", una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y productivos considerados estratégicos para el futuro. La propuesta busca complementar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya vigente, pero con beneficios aún más amplios para proyectos específicos.
Diputados aprobó el "Súper RIGI": de qué se trata y cuáles son las diferencias con el régimen vigente
Mientras el RIGI está destinado a sectores tradicionales, el Súper RIGI apunta exclusivamente a las denominadas "industrias del futuro".
25 de junio de 2026 - 07:22
El nuevo esquema está orientado exclusivamente a actividades económicas que actualmente no tienen desarrollo significativo en el país o que se encuentran en etapas experimentales. Entre ellas aparecen la inteligencia artificial, los semiconductores, la infraestructura digital, los centros de datos, la biotecnología avanzada, las baterías de litio y distintas tecnologías vinculadas a energías renovables.
Para acceder a los beneficios, los proyectos deberán comprometer inversiones mínimas de USD 1.000 millones y ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años.
Qué beneficios contempla
Entre los incentivos previstos, el Súper RIGI reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, frente al 25% establecido por el RIGI. Además, incorpora un sistema de amortización acelerada de inversiones, permite deducir quebrantos sin límite temporal y reduce la carga impositiva sobre dividendos y utilidades distribuidas.
También establece arancel cero para importaciones vinculadas a los proyectos, elimina las retenciones a las exportaciones de las empresas adheridas y garantiza estabilidad regulatoria por 30 años, al igual que el régimen vigente.
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Las principales diferencias con el RIGI
Mientras el RIGI está destinado a sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura, el Súper RIGI apunta exclusivamente a las denominadas "industrias del futuro". Además, eleva considerablemente el piso de inversión exigido: de entre USD 200 y 600 millones en el régimen actual a USD 1.000 millones por proyecto.
Otra diferencia importante es la mejora en los beneficios fiscales. El nuevo esquema reduce aún más la presión tributaria y flexibiliza distintas condiciones para los inversores, con el objetivo de atraer proyectos capaces de generar nuevas cadenas productivas y posicionar al país en actividades tecnológicas de alto valor agregado.
Tras la aprobación en Diputados, el proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo para convertirse en ley.
