La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización por inflación de los salarios docentes y no docentes, así como de las becas universitarias, desde diciembre de 2023.
Financiamiento universitario: la Corte obliga al Gobierno a cumplir la ley
La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a actualizar salarios y becas universitarias previstos en la ley.
26 de junio de 2026 - 08:32
La decisión llega luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) recurriera a la Justicia ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo. La ley había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso, pero el Gobierno no la aplicó.
Las universidades obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia para que se cumpliera de manera provisoria esa parte de la norma. Sin embargo, según plantearon desde el sector, el Ejecutivo continuó sin aplicar la medida, por lo que el caso llegó a la Corte Suprema.
Con esta resolución, el máximo tribunal dejó firme la cautelar y ordenó al Gobierno cumplir con la actualización de salarios y becas mientras continúa el tratamiento de la causa principal.
Financiamiento universitario: qué cambia tras el fallo
Además de los salarios, la decisión alcanza a las Becas Belgrano, que permanecen en $81.685 mensuales desde hace más de dos años, y a las Becas Progresar, cuyo monto actual es de $35.000.
El fallo no resuelve todavía otros aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario, como la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades y el financiamiento de los hospitales universitarios, ya que esos puntos forman parte de la discusión de fondo que continúa en la Justicia.
Desde el sistema universitario remarcaron que la cautelar debe cumplirse de inmediato, independientemente de que todavía no exista una sentencia definitiva sobre el resto de la ley.
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Presupuesto universitario y negociaciones con el Gobierno
Según las universidades, el presupuesto asignado para 2026 es de 4,8 billones de pesos, mientras que estiman que necesitan 7,3 billones para garantizar el funcionamiento normal del sistema.
También sostienen que los salarios de docentes y no docentes acumulan una pérdida del 35% desde diciembre de 2023.
Durante el conflicto, el Gobierno presentó distintas propuestas de recomposición salarial. Una de ellas contemplaba un aumento del 12% en tres cuotas y posteriormente elevó la oferta a un incremento del 21,3% para junio y otro 3% para septiembre.
La propuesta también incluía una actualización del 20% para gastos de funcionamiento, un incremento del 50% para las Becas Belgrano y una partida adicional de 50 mil millones de pesos destinada a hospitales universitarios.
Mientras algunos rectores participaron de las negociaciones, distintos sectores sindicales sostuvieron que la prioridad debía seguir siendo el cumplimiento de la ley mediante la vía judicial.
El impacto económico del incumplimiento
De acuerdo con lo informado por el sector universitario, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario representaba un costo equivalente al 0,2% del Producto Bruto Interno durante 2026.
También señalaron que, al no tener efecto retroactivo, cada mes de demora en su implementación implica un menor gasto para el Estado.
Desde las universidades estiman que el Gobierno podría intentar demorar nuevamente la aplicación del fallo mediante nuevas negociaciones paritarias. Mientras tanto, anticiparon que solicitarán al Poder Judicial que garantice el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.
Aun si el fallo comienza a aplicarse de inmediato, desde el sistema universitario sostienen que la actualización permitiría recuperar los niveles salariales previos al recorte, aunque no compensaría la pérdida acumulada durante los últimos 31 meses.
