Entra en marcha “Empalme”, el plan del Gobierno para reconvertir los subsidios y generar empleo

El pasado miércoles, en el Boletín Oficial, salió a la luz la medida que el presidente Mauricio Macri anunciase el 1° de mayo durante el acto oficial por el Día del Trabajador, en el estadio de Ferrocarril Oeste. Acompañado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el sindicalista aliado Gerardo "Momo” Venegas, el primer mandatario –tomando frases de Perón- anunció la puesta en marcha del plan "Empalme”, con el que el Gobierno se propone reconvertir los subsidios personales en subsidios al sueldo, para así incorporar a miles de beneficiarios de planes sociales al empleo formal.La medida publicada en el Decreto 304/2017 de esta semana explicita que los beneficiarios de programas nacionales implementados por los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social –por ejemplo, Argentina Trabaja- podrán seguir recibiendo esa ayuda económica mensual en caso de conseguir un empleo formal bajo relación de dependencia durante los dos años posteriores a su contratación.Sólo que en lugar de recibirlo de manera directa, el Estado otorgará el subsidio a la empresa privada que realice la contratación, y el monto del plan podrá ser incluido como parte del salario bruto por el tiempo que dure la relación laboral. Por ejemplo, sí se contrata en relación de dependencia con un salario bruto de $12.000, el Estado se hace cargo de $4.030 de ese salario, equivalentes a lo que se cobra por el plan Argentina Trabaja.  En caso de ser despedido, el trabajador vuelve a cobrar el subsidio de la misma manera que lo hacía anteriormente.  Para las empresas que participen del plan –previo registro en el ministerio de Trabajo- se ofrecen también exenciones y beneficios en el pago de las cargas sociales. Más allá del optimismo del Gobierno, que espera que la medida sirva como estímulo para generar nuevos puestos de trabajo y aumente el empleo en blanco, tanto desde sectores empresariales como desde el campo obrero y las organizaciones sociales se levantaron señales de desconfianza. Para muchos, la economía no genera la tracción suficiente como para que las empresas incorporen nuevo personal, especialmente en el caso de las PyMES, sino que por el contrario la caída de la actividad continúa generando despidos. Desde la Unión Industrial Argentina, el vocal José Urtubey sostuvo que si bien "toda medida que tienda a formalizar e incluir trabajadores es positiva”, aún "debe haber demanda a partir de una actividad que comience a recuperar”."El principal problema de las pymes hoy es ver cómo hacen para retener a los empleados”, manifestó el secretario general de Cgera, Raúl Zylberstein. Desde la izquierda, interpretaron que el plan constituye "un subsidio a las patronales” y criticaron que del anunció haya formado parte el sindicalista Gerónimo "Momo” Vengas, secretario general de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), gremio en el que acusaron que "reina el trabajo en negro y las condiciones de esclavitud”. Por su parte, el coordinador de la agrupación Barrios de Pie, Daniel Menéndez, consideró al anuncio "más una medida efectista y de marketing, que algún esquema serio de reconversión de los planes sociales en empleo". En declaraciones radiales, Menéndez agregó que "por más que se le ofrezca fuerza de trabajo o mano de obra subsidiadas, si lo que produce no lo puede vender porque no hay consumo o aumentan las tarifas y se abren las importaciones, es muy difícil competir". Con magros resultados, terminó el primer plan de empleo de la era MacriEl año pasado, el Gobierno presentó su primer plan de estímulo al empleo, articulado mediante un acuerdo con la cadena de comida rápidas McDonalds. Según las expectativas, se generarían 5.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes de "poblaciones vulnerables laboralmente" en "prácticas formativas durante un año". Por un pago mensual de $4.500 los postulantes debían atravesar "un proceso de prueba de 30 horas semanales con prácticas formativas y laborales reales en un ambiente de trabajo efectivo". Los empleados bajo ese régimen obtendrían además cobertura de salud y un certificado de entrenamiento laboral. Para cubrir el sueldo de cada joven contratado, el ministerio de Trabajo aportaría $1.000.El programa, que debía ser una prueba piloto para otras medidas similares que encararía la cartera de Jorge Triaca, generó polémica desde su inicio. La CTA interpuso un recurso de amparo en la Justicia,  y la Cámara del Trabajo entendió que las condiciones del convenio eran violatorias del "derecho internacional y la propia Constitución". Desde la oposición, consideraron que el programa reeditaba el modelo de pasantías y "contratos basura” asociados a prácticas abusivas durante la década del ’90.Finalmente, tras un año, los magros resultados obtenidos dieron fin al programa, que no será renovado. De los 5.000 nuevos empleos que se debían generar bajo la modalidad, tan solo se hicieron efectivos 700.