Este martes la Corte Suprema determinará si se implementa un nuevo sistema para determinar el índice de movilidad que deberá ser utilizado para calcular los haberes que percibirán los jubilados que ganaron juicios contra el Estado. Si bien hasta mañana no se sabrá el fallo, se presume que el veredicto será positivo, contando con al menos tres de los votos de los cinco magistrados.

Hasta el momento, para calcular los aumentos jubilatorios se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC). No obstante, desde la ANSeS comenzaron a utilizar desde hace un tiempo el indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), menos beneficioso para los jubilados.

En este sentido, en una primera instancia la Cámara de la Seguridad Social ordenó que se use el sistema ISBIC pero la ANSeS apeló la decisión argumentando que podrían poner en riesgo la sustentabilidad del organismo previsional. No obstante, los camaristas determinaron que la utilización del sistema RIPTE para estos casos  "vulnera la garantía constitucional del derecho adquirido" del jubilado ya que no se podría aplicar de manera retroactiva porque se implementó después de que se iniciara la denuncia.

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Esta decisión no es menor si se tiene en cuenta que impactará en unos 150 mil casos. La causa se había iniciado a partir del reclamo de Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en el 2003 y comenzó una disputa legal con el Estado por la actualización de sus haberes. Si bien el caso llegó a juicio, ahora discuten qué índice debe aplicar el Gobierno para hacer efectivo el pago de los incrementos.

“Lo que está en discusión es la forma de actualización de los salarios entre 1995 y 2008. A partir de 2009 se aplica la Ley de movilidad (26.417), trasladando el aumento de las jubilaciones a los salarios usados para el cálculo del primer haber”, explicó el especialista Adrián Tróccoli a iProfesional.

En este sentido, se estima que si la resolución sale a favor de los jubilados y contra lo solicitado por el ANSeS, podría llegar a costarle al Estado entre $70.000 y $90.000 millones. Como contrapartida, para el jubilado significa cobrar solo un 40% de aumento.

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Fue con la Reparación Histórica que se sustituyó el índice ISBIC por RIPTE. En la práctica, la utilización de uno y otro arroja diferencias sustanciales, siendo que en la gran mayoría de los caso el RIPTE arroja una remuneración inicial inferior que disminuye los montos de los retroactivos y los reajustes de los haberes, en especial para los que se jubilaron a partir de mediados de 2003.