Nacionales |

La Ley de Emergencia Económica ya tiene media sanción

La sesión se extendió por más de 15 horas. La normativa fue aprobada con 134 votos a favor y 110 en contra. Continúan votándose de manera particular cada uno de los artículos.

Tras una maratónica sesión de más de 15 horas, la Cámara de Diputados dio media sanción general a la Ley de Emergencia Económica. Los legisladores todavía se encuentran en el recinto realizando el tratamiento particular de cada artículo.

Como era previsto, los puntos más debatidos del proyecto fueron los relacionados a las retenciones y las jubilaciones, con negociaciones de varias horas que se extendieron hasta pasada la madrugada. Finalmente, hacia las 6:30 del día de hoy,  la normativa que lleva el nombre de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” fue aprobada con 134 votos a favor y 110 en contra.

Para su aprobación, resta que se trate hoy en el Senado, cuya sesión está prevista para las 14. El proyecto deberá ser habilitado sobre las tablas con la presencia de, por lo menos, dos tercios de los senadores. Desde la oposición adelantaron que darán quórum para que siga el debate y tratamiento.  De aprobarse en esta segunda instancia, sólo restará que la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, reglamente la medida y se publique en el Boletín Oficial para que entre en vigencia.

La sesión comenzó hacia las 15 con la jura de los 23 nuevos diputados en reemplazo de quienes tomaron cargos en el Gabinete nacional. Los legisladores de Juntos por el Cambio decidieron levantarse de sus bancas manteniendo la postura de no dar quórum bajo el argumento de que necesitaban más tiempo para debatir leyes de tal magnitud. No obstante, el debate se inició con el apoyo del bloque peronista federal.

Dentro de la extensa jorndad en Diputados, los representantes del Frente de Todos destacaron que se trata de una medida para tratar una “tierra arrasada”, con un nuevo esquema que implica el respaldo a los sectores más vulnerables desde las clases medias y altas.

Por su parte, el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, aseguró que “es una ley que sin lugar a dudas perjudica a la clase media, a aquellos que tienen pequeñas empresas, al campo, y a los abuelos, que le sacan una escala de movilidad que los hará perder más allá de los bonos de cinco mil pesos”, a la par que denunció ante Infobae que “se escondió una devaluación” con el impuesto del 30% para el dólar.

“Preferiríamos que nos hubieran escuchado cuando decíamos, desde 2016, que el camino que había elegido el gobierno de Cambiemos nos llevaba irremediablemente a esta situación”, aseguró, por su parte José Ignacio de Mendiguren.

Los puntos centrales del proyecto

  • Declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020 en el área económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
  • Propone un nuevo impuesto que grava por aun 30% la compra de divisas extranjeras y el consumo de bienes o servicios en el exterior por el plazo de cinco años. Abarca también al dólar para atesoramiento y los gastos con tarjeta en el exterior manteniendo el cepo de 200 dólares. De lo recaudado con esta iniciativa, el 70% será destinado a la seguridad social y el 30% restante a vivienda e infraestructura.  
  • Se autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS), como también a congelar las tarifas de electricidad y gas por el plazo de 180 días e iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente.  
  • Contempla dos bonos de 5 mil pesos en diciembre y enero a los jubilados que cobran la pensión mínima, dejando los aumentos trimestrales a disposición del Poder Ejecutivo. Suspende por seis meses la Ley de Movilidad compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (inflación) y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE, variación salarial) otorgando los aumentos por decreto.
  • Suspende la rebaja a las contribuciones patronales prevista a partir del año que viene, de modo que los empleadores del sector servicios pagarán un aporte del 20,4%, siempre que sus ventas superen los 48 millones de pesos anuales, mientras que el resto del sector privado pagará 18%.  
  • Permite al Gobierno a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible.
  • Habilita al Poder Ejecutivo a "recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina", para lo que se pone a disposición del Gobierno 4.571 millones de dólares del Banco Central.

Dejá tu comentario