En busca de que todos los ciudadanos puedan acceder a un alquiler, desde el Gobierno impulsan una nueva ley tras la pérdida de estado parlamentario del antiguo proyecto de ley de alquileres. En este sentido, buscan que los sectores más vulnerables puedan acceder a un alquiler formal otorgándoles la posibilidad de presentar garantías que no sean las tradicionales y con menores costos de ingreso.
Al respecto, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, aseguró en diálogo con La Nación que lo que busca el Estado es buscamos generar una política de alquiler social como un elemento más de la política habitacional.
Si bien todavía no fue definido el precio de los alquileres a partir del cual se tomaría a un inquilino como vulnerable, explicó que se está evaluando determinar un valor en UVA (unidad de valor adquisitivo), ya que se trata de un índice que se actualiza constantemente, a pesar de que el tope quedaría a disposición de lo que cada jurisdicción crea pertinente.
En cuanto a las comisiones por el alquiler, aseguraron que uno de los puntos centrales es que, en caso de inquilinos de bajos ingresos, el propietario se haga cargo de dichos montos, mientras que para el resto del mercado ese punto se podría acordar libremente.
En cuanto a las garantías, actualmente en Buenos Aires se rigen por la garantía real, donde el inquilino debe presentar un inmueble de un tercero como tal, a lo que se suma al depósito de dos meses por adelantado, la comisión del 4% y el mes de alquiler por adelantado, llegando a un monto muchas veces inaccesible.
"Estamos hablando de cinco alquileres por adelantado para iniciar un contrato. En todos los países de la región hay garantías bancarias o seguros de caución, que son una mejor garantía que la real, porque si tenés un problema es más fácil ejecutar una garantía bancaria que reclamar contra la propiedad del pariente del inquilino", propuso Kerr.
Finalmente, en lo que concierne a la duración de contrato, aseguró que lo ideal serán dos años con posibilidad de renovar por uno más sin incurrir en todos los gastos nuevamente. Además, explicó que a pesar de la resistencia de los propietarios, van a insistir en un blanqueamiento de contratos de alquiler, con algún incentivo para dueños e inquilinos, ya que, según la AFIP, ocho de cada diez contratos de alquiler son informales.
