El Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano, solicitó este viernes la remoción del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una supuesta red de espionaje ilegal y extorsión con supuesta complicidad de funcionarios judiciales y los servicios de inteligencia oficiales.
La medida fue pedida por el Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces, y se basa en la exposición que realizó el juez el miércoles ante la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación sobre el caso del falso abogado Marcelo DAlessio.
En ese contexto, la cartera solicitó que se abra una investigación para determinar si el magistrado incurrió en incumplimiento de sus funciones.
En tanto, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, presentó una denuncia para lograr la destitución de Ramos Padilla.
Según la nota que envió Mahiques, el Gobierno cree que su presentación en el Congreso fue una "manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas".
Sin embargo, a pesar de esta avanzada el oficialismo deberá conseguir los votos necesarios entre los consejeros para impulsar la investigación al magistrado federal de Dolores.
Además, Ramos Padilla citó este viernes por segunda vez al fiscal Carlos Stornelli a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga el montaje de un aparato de espionaje ilegal y que el fiscal de la denominada Causa de los Cuadernos habría utilizado para apretar e intimidar a imputados y direccionar sus testimonios.
El próximo jueves a las 11, el juez federal de Dolores tiene cita ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, para exponer a puertas cerradas para 14 legisladores sobre las pruebas de una supuesta red de espionaje paraestatal dedicada a la extorsión de empresarios y la creación de causas judiciales.
