En búsqueda de renovar el proyecto vencido el 31 de marzo que eliminaba multas y sanciones económicas a los empleadores que tenían personal no registrado y que no querían concretarlos en blanco. La CGT retomó la negociación con el gobierno por la extensión del acuerdo antidespidos.
Dicho proyecto proponía que los empleadores tenían que notificar los despidos al Ministerio de Producción y Trabajo, con diez días hábiles de anticipación. También se planteaba una garantía de 5 años de aportes al personal blanqueado. Para contener los juicios de los afiliados contra sus obras sociales o prepagas, se crea una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (Agnet).
El blanqueamiento laboral logró volver a impulsarse y ahora se encuentra siendo nuevamente negociado para reanudar el acuerdo y asegurar a los trabajadores contra los despidos y que puedan tener el derecho a un empleo digno y formalizado. Una parte de la CGT prefirió adelantar el acuerdo con Gobierno para que no coincidiera con el paro realizado por Hugo Moyano y las CTA.
Ambas partes de la negociación han admitido que el acuerdo está al alcance de la mano. Miguel Pichetto le aclaró al gobierno que las iniciativas no pasarían de las comisiones si la central no lo autorizaba.
