El robo de los teléfonoscelulares es uno de los más frecuentes a nivel mundial y Argentina no se salvade este tipo de delitos. Un informe oficial de informe de la Dirección deAnálisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal detalló que a nivelnacional se roban, a diario, unos 6 mil teléfonos, ascendiendo a un total quesupera los 2 millones de dispositivos al año.
Una vez sustraídos de sus dueños,los dispositivos van a parar a diversas casas "clandestinas donde los vendencomo repuesto para los negocios de reparación o terminan publicados enplataformas cibernéticas de venta por internet. No obstante, el robo de loscelulares en sí no es el mayor de los problemas, sino la utilización de losnúmeros para el secuestro virtual o actividades delictivas.
Para tomar un mayor conocimientode la problemática y poder buscar una solución, la procuradora general de laNación, Alejandra Gils Carbó, formalizó la creación de una comisión de fiscalesde todo el país para generar estructuras de combate contra la "criminalidadorganizada de bandas delictivas que utilizan estos dispositivos para cometeractividades ilegales.
La creación de esta comisión fue una iniciativa de latitular de la Dirección de Gestión Operativa de Casos (DiGOC), CristinaCaamaño, tras el análisis del informe de la Dirección de Análisis Criminal yPlanificación de la Persecución Penal. Dicho documento presentó datos yestadísticas relacionados con las investigaciones criminales, junto conestudios de mercados de la telefonía celular y las normativas que rigen a dichosector.
Al respecto, detallaron que "la medida busca dotar alMinisterio Público Fiscal de estructuras que permitan efectuar una políticacriminal planificada y estratégica. Esta modalidad delictiva involucra aspectostanto de competencia federal como local, por lo que el equipo estará integradopor magistrados y magistradas de ambos fueros".
El principal problema planteado por los fiscales fue lacomplejidad de este mercado, que está lleno de vacíos legislativos y de faltade información. Es por ello que uno de los principales objetivos de la comisiónes saber, entre otras cosas, quién provee los chips de teléfonos que sevenden en quioscos y en la vía pública; quién controla y abastece la venta deequipos "liberados" ( que son aquellos que aceptan el chip decualquier compañía); cuál es la situación de los llamados "bolseros",las personas que compran varias líneas y nunca se precisa dónde van esosaparatos o quién los maneja; y cómo pueden hacer la compañías para realizar seguimientosde las líneas en operación.
La comisión realizará una reunión por mes con el objetivo deaveriguar "qué hay detrás del robo en la calle, qué esquema de criminalidadopera". Para comenzar, citarán a las empresas prestadoras de servicio detelefonía celular para que expliciten cómo operan en el mercado, como tambiénlo harán con los directivos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
"Por un lado, buscamos la prevención, bajar el índicede robos y hurtos de celulares para que se refleje en menos delito mayor. Otroobjetivo es clarificar los métodos de comercialización de los equipos",explicó Caamaño al respecto. "Nosotros hemos pensado que las empresasdeberían registrar cada celular, ellos dicen que esto sería muy caro, peroentendemos que en todos estos años han tenido una rentabilidad muy elevada. Hayque charlar ese tema, porque desde 2004, según la ley del sector, losdestinatarios de la compra de teléfonos deben estar identificados",detalló.
