La muerte de Abril Bogado, la nena de 12 años que falleció tras recibir un disparo en un asalto en su casa en La Plata por un hombre que debía estar en prisión, puso en la mira a los jueces que otorgan beneficios a los condenados.
Por eso, el gobierno bonaerense presentó un proyecto para modificar el régimen de ejecución penal para limitar la facultad de los jueces de brindar salidas laborales, transitorias y demás.
Este fue elaborado por el Ministerio de Seguridad de la provincia, y tiene la aprobación de la gobernadora María Eugenia Vidal. El senador platense por Cambiemos Juan Pablo Allan fue quien lo presentó.
El proyecto indica que "no podrán otorgarse salidas transitorias" a condenados por homicidio simple, lesiones gravísimas, abandono de personas seguido de muerte, aborto sin consentimiento seguido de muerte, delitos contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte, homicidio o lesiones en ocasión de robo, secuestro extorsivo seguido de muerte, trata de personas, portación ilegal de armas, creación de peligro para transportes o descarrilamiento de trenes.
"Los condenados por alguno de los delitos reseñados precedentemente, no podrán obtener los beneficios de la libertad asistida, prisión discontinua o semidetención, trabajos para la comunidad, semilibertad y salidas a prueba", explica.
