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ANSES

Buscan endurecer las condiciones para cobrar la asignación universal por adulto mayor

Desde la entidad nacional evalúan nuevos requisitos para que los jubilados puedan acceder al cobro de la Prestación Universal por Adulto Mayor (PUAM).

Buscan endurecer las condiciones para cobrar la asignación universal por adulto mayor

La Administración Nacional de Seguridad Social se encuentra evaluando nuevos parámetros para regular quienes pueden acceder a la cobrar la Prestación Universal por Adulto Mayor (PUAM), un beneficio creado en 2016 para reemplazar a las moratorias previsionales.

A través de esta medida el Gobierno podría recortar a un 50% los ingresos de una persona considerada vulnerable, que hoy en día aplica para el otorgamiento de la moratoria de la ley 26.970. Según explicaron, esta iniciativa entiende que los valores de los ingresos definidos, que se actualizaron con la fórmula de movilidad, no condicen con la realidad de una persona que necesita de la asistencia del Estado.

De acuerdo a lo evaluado, para ser acreedor del PUAM, y de la moratoria, los adultos mayores no deberán haber percibido ingresos brutos cuyo promedio supere el 50% de los requeridos para el cobro de las asignaciones familiar por hijo (hoy el total alcanza $41.959 bruto mensual) en los últimos doce meses anteriores a la fecha de la evaluación. La normativa actual contempla el 100% de esos ingresos para tener acceso.

Además, el patrimonio declarado en las declaraciones juradas sobre los bienes personales no podrán superar cuatro veces el importe anualizado previsto en la condición de ingresos; como tampoco los automóviles declarados en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor deben superar 1,5 veces el importe anualizado del mismo ingreso.

La decisión final sobre esta iniciativa se conocerá en la reglamentación a publicarse en el curso de este mes. Cabe recordar que desde el presupuesto 2019 habían determinado que la ANSES “en forma previa al otorgamiento de la prestación realizará evaluaciones económicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que fije la reglamentación, a fin de asegurar el acceso a las personas que presenten mayor vulnerabilidad”.

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