El Gobierno de Alberto Fernández derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia que autorizaba la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un organismo creado por la administración de Mauricio Macri a finales de noviembre del año pasado.
El decreto 168/2020 publicado este jueves en el Boletín Oficial comunica la decisión de que el programa permanecerá bajo el control del Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo.
El objetivo de la Agencia era garantizar la seguridad de las personas que colaboraran de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal, para lo que deberá tomar medidas especiales de protección, como el cambio de domicilio o la custodia personal.
La medida se habría tomado debido a que no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia.
De esta forma, el Gobierno estableció que ahora el programa de testigos protegidos volverá a tener el diseño institucional anterior tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias, es decir, continuará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con el organigrama anterior.
