En busca de darle una continuidad a la conexión como la comunidad, además de evitar la utilización de viejas cuentas con objetivos particulares, el Gobierno prevé que la transición incluya también a las cuentas oficiales que poseen los distintos organismos en las redes sociales. El objetivo es conservar los activos digitales como lo hicieron en Estados Unidos con el traspaso de la administración de Obama a Trump.
Se trata de más de 300 cuentas de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram que posee la Presidencia y Casa Rosada. La transición sería a través de cuentas espejadas cuyos usuarios serán transferidos a la nueva gestión para que quienes se subscribieron a los canales esperando información oficial puedan seguirlo haciendo.
La medida fue tomada por la experiencia previa de la anterior transición, por el robo a la cuenta de Casa Rosada que realizó en diciembre de 2015 la administradora de la cuenta, Anita Montanaro, que además le había dado un claro perfil propagandístico, de acuerdo a lo justificado por los funcionados. Esta iniciativa estaba contemplada en la fallida ley de transición que había impulsado en su momento el secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez.
Hasta el día previo a la transición cada uno de los ministerios podrá bajar la data para guardarla en las cuentas espejos, como fue el caso de Casa Rosada 2015-2019, y mantener los contenidos subidos hasta el momento. Después, deberán entregar las claves y detalles de cada perfil a los nuevos gestores de las mismas.
Esta transición tecnológica estará a cargo del Ministerio del Interior y será coordinado por el director de comunicaciones Pablo Pérez Paladino, con colaboración de la Secretaría General de la Presidencia, la Agencia de Acceso a la Información, y las empresas encargadas de las redes sociales: Facebook, Twitter y Google (propietaria de YouTube). Además, la Jefatura de Gabinete deberá hacer lo mismo con las cuentas de los ministerios y secretarías de estado, como Anses, Pami, Dine (Dirección nacional electoral), o el Inti.
