El gobierno de la provincia de Buenos Aires multó a las empresas de servicios de comunicación Telecentro y DirecTV con $167 millones a cada una por prácticas reiteradas que vulneraron los derechos de las y los consumidores. La sanción fue dispuesta por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, tras detectar obstáculos para concretar la rescisión de los servicios.
Buenos Aires sancionó a Telecentro y DirecTV por incumplir la Ley de Defensa del Consumidor
La Provincia de Buenos Aires sancionó a Telecentro y DirecTV con $167 millones cada una por prácticas reiteradas que dificultaron la baja de los servicios
La medida se enmarca en actuaciones iniciadas por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores, que constató incumplimientos a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Además de las multas, la Provincia ordenó a ambas compañías que garanticen el derecho de baja por el mismo medio utilizado para la contratación, sin exigir trámites adicionales ni incurrir en dilaciones injustificadas.
Multas y defensa de los consumidores bonaerenses
Según se informó oficialmente, uno de los principales problemas detectados fue la dificultad para concretar la baja del servicio, tanto de manera presencial como telefónica o a través de mensajería instantánea. A esto se sumó la falta de operatividad del denominado “Botón de Baja” en las páginas web institucionales, que no funcionaba como un enlace de acceso fácil y directo.
Otro de los incumplimientos señalados fue la imposición de preavisos y el cobro de períodos completos aun cuando las personas usuarias solicitaban la rescisión. Estas prácticas, indicaron desde la Provincia, afectaron de manera directa el ejercicio de un derecho básico de los consumidores.
El volumen de reclamos fue un elemento central en la investigación. El organismo provincial tomó como base alrededor de 800 denuncias contra Telecentro y más de 420 contra DirecTV. En ese contexto, Telecentro quedó posicionada como una de las empresas más denunciadas por las y los consumidores bonaerenses en el transcurso del año.
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Obstáculos para la baja y prácticas abusivas
El relevamiento oficial también dio cuenta de maniobras que obstaculizaron el trámite de baja, como derivaciones infructuosas entre distintos canales de atención —web, WhatsApp y teléfono—, respuestas automáticas que redirigían a sistemas inoperantes y extensos tiempos de espera.
Además, se detectó la inclusión de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, mediante las cuales se impedía dar de baja el servicio en caso de que las personas usuarias mantuvieran deudas. Para las autoridades provinciales, este tipo de conductas configuró un trato ofensivo, al imponer cargas irrazonables y procedimientos dilatorios que hicieron imposible el ejercicio efectivo de los derechos.
Desde el Ministerio que conduce Augusto Costa señalaron que la intervención se realizó de oficio ante prácticas sostenidas en el tiempo. “En la provincia de Buenos Aires entendemos que el Estado no puede mirar para otro lado cuando hay empresas que incumplen la ley y vulneran derechos de las y los bonaerenses”, afirmó Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.
Plazos y seguimiento de la Provincia
Las empresas ya fueron notificadas de la sanción y cuentan con un plazo de 20 días para acreditar tanto el pago de las multas como las modificaciones ordenadas. Entre ellas, deberán asegurar que la rescisión del servicio pueda realizarse por los mismos canales utilizados para la contratación.
Desde el gobierno bonaerense adelantaron que se realizará un seguimiento del cumplimiento de la resolución, con el objetivo de evitar que este tipo de prácticas se repitan y de garantizar condiciones de trato digno y equitativo para las y los consumidores de la provincia.




