Más de 140 allanamientos dejó un saldo de 34 detenidos en distintos puntos del país, entre ellos en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación sobre una red que se dedicada al tráfico de armas con destino a otros territorios como Chile y Uruguay.
140 allanamientos contra una banda que vendía ametralladoras: 34 detenidos
Los allanamientos se realizaron en distintos puntos del país, incluida la Provincia de Buenos Aires, con un saldo de 34 detenidos.
Según la Justicia Federal, la estructura delictiva se dedicaba a enviar escopetas, fusiles de asalto, ametralladoras de alto calibre y hasta explosivos a países vecinos, obtenidas en el mercado legal con una serie de testaferros en la ANMAC, prestanombres que permitirían comprar el material.
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Según consignó Infobae, tras una denuncia originada por esa misma entidad, el Departamento Antimafia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA detuvo una treintena de sospechosos en Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta, Tierra del Fuego y el territorio bonaerense.
Material incautado en los allanamientos
El expediente está a cargo del juez federal Adrián González Charvay, junto a la UFECO del fiscal Santiago Marquevich y entre el material incautado se hallaron 25 escopetas calibre 12,70mm, 55 pistolas calibres 9mm, 45mm, y 22mm, 17 revólveres calibres 38mm, 357mm y 32mm, 7 fusiles calibre 308mm, 8 ametralladoras calibre 9mm, 5 carabinas calibre 22mm, tres pistolones, 32 cargadores de diferentes calibres, una máquina de recarga, 43.100 municiones de diferentes calibres, dos cañones de pistola, una granada MK2, dos cuñetes de pólvora, diez teléfonos celulares y un surtido de tusi, cocaína y marihuana.
El sistema de testaferros se volvió evidente, aseguran investigadores, cuando usuarios comenzaban a comprar armas de gran calibre en notable cantidad, con un nivel de movimientos que no se condecía con su capacidad económica.
La organización incluía, en sus niveles superiores, a responsables de armerías y a gestores e instructores de tiro. Estos certificaban los tramites a cambio de dinero, con aptos médicos y psicológicos para los testaferros. Los usuarios truchos, por otra parte, eran reclutados a cambio de una suma de dinero, usualmente baja.

