Los ingresos de los beneficiarios de los planes sociales que reemplazaron al Potenciar Trabajo quedaron congelados en 78 mil pesos. El Gobierno Nacional también decidió que la gente que cobraba por esos planes deje de estar bajo la gestión de organizaciones sociales, y en la gran mayoría de los casos ya no se les pide ninguna contraprestación. Así, se produjo un cambio sustancial para los miles de “cooperativistas” que formaban parte de ese universo en San Vicente.
Planes sociales en San Vicente: siguen cobrando $78 mil y ya no dependen de las organizaciones
El monto de cobro quedó congelado. En San Vicente, algunos cooperativistas reciben un complemento del Municipio. Testimonios de dos referentes.
25 de noviembre de 2024 - 14:51
En ese marco, dos referentes de organizaciones sociales del distrito contaron a El Diario Sur que la mayoría de los vecinos que antes formaban parte de sus grupos salieron a buscar “changas” y abandonaron las contraprestaciones que, en rigor, dejaron de ser obligatorias, además de que el monto congelado de 78 mil pesos ya es muy poco significativo.
Jorge Bonifacio, líder del movimiento “Nuestramérica” en San Vicente y concejal de Unión por la Patria, contó que con su organización llegaron a un acuerdo con el Municipio, que completa el pago del plan con otros 70 mil pesos mensuales por cooperativista, para mantener los servicios que prestan. Realizan barrido de calles, mantenimiento de espacios verdes y de edificios públicos, con jornadas laborales de cuatro horas. “Se consiguió por intermedio del Municipio un plus de 70 mil pesos para que puedan mantener el barrido”, sostuvo el concejal Bonifacio, conocido como “Tutuca”.
Según Bonifacio, en el distrito de San Vicente llegó a haber alrededor de 1.300 cooperativistas activos que cobraban el Potenciar Trabajo (a nivel nacional eran 1,6 millones en diciembre de 2023). Pero el cuadro cambió con el gobierno de Milei, que reemplazó el “Potenciar” por otros dos programas: “Volver al trabajo” y “Acompañamiento Social”, que ya no pagan la mitad del salario mínimo vital y móvil, como estaba establecido hasta el año pasado.
“De esos más de mil, ahora no deben quedar ni 400”, apuntó Bonifacio. Y sostuvo que el Ministerio de Capital Humano fue dando “bajas” masivas por diferentes motivos. “Este mes hubo más de 200 que no cobraron, y no tienen a quién reclamar. Antes estábamos nosotros o el Municipio para atenderlos, ahora solo hay un 0800 para llamar y no los atienden”, marcó.
Por su parte, Jonatan Méndez, vecino de Alejandro Korn y referente de la organización Barrios de Pie, contó que hasta el año pasado, con el aporte de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, tenían en funcionamiento 12 “centros comunitarios” en el distrito, en los que se daba asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad.
“Al no haber respuestas del gobierno muchos de esos lugares tuvieron que ir cerrando, porque tampoco llegaban los alimentos y quitaron un subsidio que había de complementación para quienes trabajaban en comedores y merenderos. Hoy quedamos con cinco centros comunitarios, nos hemos reducido mucho”, describió Méndez.
Respecto al cese de la participación de muchos vecinos en las organizaciones sociales, Méndez contó: “El programa empezó a plantear condiciones, como que tenían que dejar de participar en los espacios comunitarios, y da la posibilidad de no hacer nada, de quedarse en su casa. Se generó el miedo de que si veían que estaban con las organizaciones se les quitaba el programa. Y muchos de esos compañeros decidieron migrar y salir”.
También agregó que “la mayoría sigue cobrando” y que la medida forma parte de una estrategia del Gobierno para “desarticular las organizaciones sociales”, que antes tenían el rol de controlar que quienes cobraban cumplieran con una contraprestación laboral. Bajo este mecanismo surgieron polémicas por “aprietes” a beneficiarios para que participaran de marchas y movilizaciones.
Menos movilizaciones: el efecto de “el que corta no cobra”
Las organizaciones sociales fueron conocidas en los últimos años por su amplio poder de movilización, algo que en los últimos meses, en el contexto del Gobierno de Javier Milei, se vio disminuido, con una sustancial baja en la cantidad de piquetes registrados. “Cada vez que salimos nos caga a palos la Policía. No estamos para que lastimen a la gente que va a reclamar por sus derechos”, opinó acerca del tema Jorge Bonifacio, de Nuestramérica.
En tanto, Jonathan Méndez, de Somos Barrios de Pie, afirmó que tuvieron efecto las estrategias disuasorias del Gobierno Nacional, que amenazaban a los beneficiarios que participaran de marchas con quitarles los planes sociales. El slogan con el que se conoció la medida fue “El que corta no cobra”.
“Hay una sensación de derrota en toda la sociedad. Pero el pueblo no se regala. Cuando tocan la universidad, se moviliza. Nos encantaría que esto también sucediera cuando salimos a movilizar y los compañeros que sostenemos el territorio nos vemos solos. Eso genera desgaste, desesperanza, la única respuesta del gobierno son palos y balas de goma”, analizó Mendez.
Changas, cartoneo y hasta casinos virtuales
Entre los destinos de muchos de los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo, los dos referentes de movimientos sociales de San Vicente coincidieron en que se volcaron mayormente a las changas, el reciclaje de cartón y otros materiales y el cuidado de niños y adultos mayores en el caso de las mujeres.
“Muchos se aprovechan de la desesperación que hay y les tiran monedas. A un ayudante de albañil por ahí le dan cinco mil pesos por día”, sostuvo Jorge “Tutu” Bonifacio, de Nuestramérica. Jonatan Méndez, de Somos Barrios de Pie, en tanto, alertó por el riesgo de proliferación del narcotráfico y de las “changuitas virtuales”, como la de los “cajeros” de casinos online.
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