El femicidio de Úrsula Bahillo, la joven que fue asesinada a puñaladas por su exnovio, el oficial de policía Mariano Martínez, conmocionó a todo el país y encendió una alarma sobre los hechos de violencia de género por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Policías en la mira: en la región hubo 17 efectivos desafectados por violencia de género
El femicidio de Úrsula Bahillo encendió la alarma sobre los casos de violencia de género dentro de la Policía Bonaerense y otras fuerzas de seguridad.
Según los datos del observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), en enero de 2021 hubo 36 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. De estos, el 12% de los agresores pertenecía a una fuerza de seguridad.
Si bien en este caso la víctima murió por el ataque un arma blanca –el 33% de los femicidios de enero fueron cometidos bajo esta metodología-, hubo un porcentaje similar en el que los agresores que formaban parte de las fuerzas utilizaron sus armas reglamentarias.
Martínez, quien se encuentra detenido por el crimen, formaba parte de la Policía Bonaerense desde 2015. Sin embargo, desde el año pasado se encontraba de licencia y con una carpeta psiquiátrica, por lo que no portaba su arma reglamentaria.
Esta calificación se dio debido a constantes denuncias por hechos de violencia de género y amenazas, entre ellas 18 realizadas por Úrsula. Si bien no realizaba tareas efectivas, seguía cobrando su sueldo.
Tras este hecho, la Policía Bonaerense quedó en la mira no solo por las acusaciones de encubrimiento del acusado, sino también porque este no es el único caso que tiene a uno de sus integrantes acusado de femicidio o hechos de violencia.
De acuerdo al Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la provincia de Buenos Aires de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), entre 2015 y 2019, hubo 215 policías expulsados por casos de violencia de género y/o familiar.
Desde la AGAI señalan en sus informes que, hasta el año 2019, fueron desafectados 17 efectivos policiales pertenecientes a las comisarías y otras dependencias de la región, por motivos de violencia de género.
La preocupación se mantiene porque los datos para el 2020 parecen no mostrar mejorías: desde Asuntos Internos, señalaron que a lo largo del año hubo 901 sumarios al personal por violencia de género y familiar. De estos, 29 terminaron en expulsiones y 58 fueron suspendidos.



