Es un lugar común, pero admito que paso más tiempo mirando el catálogo de Netflix que viendo las películas de la plataforma.
No sabría decirle, estimado lector, si es por estar acostumbrado al scroll infinito propio de las redes sociales o porque no me interesa realmente nada de lo que tengo disponible en la pantalla. Seguramente también le pasó alguna vez.
Antes, con la oferta atomizada, el trámite era más sencillo ya que había poco para elegir. Eran cinco canales de aire, con novelas con episodios de lunes a viernes, unitarios con emisiones semanales y alguna que otra película a las 22.
Lo que antes se resolvía con un par de botones del control remoto ahora exige recorrer varios catálogos. Y lo peor es buscar una serie que nos recomendaron ver y descubrir que está disponible en una plataforma que no tenemos contratada.
La promesa del streaming era sencilla: mirar lo que quisiéramos, cuando quisiéramos y sin depender de los horarios de programación. Y en buena medida la cumplió. Pero esa revolución tecnológica que parecía destinada a ofrecernos entretenimiento ilimitado empieza a mostrar sus límites.
Durante años, las grandes plataformas compitieron por sumar suscriptores a cualquier precio. Invirtieron fortunas en producciones originales y se disputaron los derechos de películas, series y estrellas de Hollywood. La pandemia potenció ese crecimiento, pero tras el pico llegó la saturación: con la inflación en alza en todo el mundo y la necesidad de pagar varias suscripciones a la vez, los hogares recortaron gastos y empezaron a rotar de servicio. Es la llamada “fatiga de suscripciones”. Ahora, los mismos gigantes que prometían contenidos exclusivos comenzaron a compartir catálogos, ofrecer planes con publicidad y a ofrecer varias plataformas en un mismo abono para captar nuevos clientes.
En definitiva, después de decretar el fin de la televisión tradicional, el streaming se está pareciendo cada vez más a la televisión analógica.
Pero detrás de esta transformación comercial aparece una discusión que nos toca mucho más de cerca: ¿qué lugar queda para las películas y las series argentinas en un negocio controlado por grandes empresas internacionales?
El cine y la televisión no son solamente entretenimiento. También son industrias que generan trabajo, movilizan inversiones y permiten que un país cuente sus propias historias y comparta su cultura con el resto del mundo.
Pensemos en “Argentina, 1985”, “El reino”, “Iosi, el espía arrepentido”, “El Eternauta” o la reciente “Lo dejamos acá”. Son producciones muy diferentes, pero comparten algo: sus personajes hablan como nosotros y de nosotros. De nuestra historia, nuestros conflictos, nuestros paisajes y nuestras maneras de relacionarnos.
Las plataformas hicieron una contribución importante a esa circulación internacional. Una serie argentina puede estrenarse simultáneamente en decenas de países y llegar a espectadores que difícilmente hubieran tenido acceso a ella mediante los circuitos tradicionales.
Hasta ahí, buenas noticias.
El problema aparece cuando nos preguntamos quién decide qué historias merecen ser contadas, quién financia su producción y quién conserva los derechos sobre esas obras.
En muchos contratos de producción por encargo, las plataformas se quedan con la propiedad intelectual y el control de la explotación comercial. Productoras, guionistas, directores y técnicos locales participan de proyectos importantes, pero no necesariamente conservan una parte del valor que esas creaciones pueden generar a lo largo del tiempo.
Dicho de otra manera: podemos aportar las historias, los talentos y los escenarios, mientras las decisiones sobre su futuro se toman en oficinas ubicadas a miles de kilómetros.
No se trata de demonizar a las plataformas. Sin ellas, muchas de las producciones argentinas recientes difícilmente habrían alcanzado semejante proyección internacional. Pero tampoco podemos confundir la contratación de servicios locales con el desarrollo de una industria audiovisual nacional.
Una cosa es que vengan a filmar a nuestro país y se fomente el trabajo local. Otra, muy distinta, es que exista un sistema capaz de producir, financiar y conservar sus propias obras.
Esta discusión no es exclusivamente argentina. En Europa, donde también deben competir con los gigantes estadounidenses, hace tiempo que se adoptaron medidas para proteger la producción regional. La normativa comunitaria exige que al menos el 30% de los catálogos de las plataformas esté integrado por obras europeas. Algunos países también establecieron obligaciones de inversión en contenidos locales.
En América Latina, Brasil y Uruguay desarrollaron distintas herramientas para atraer rodajes, promover inversiones y sostener la actividad audiovisual.
Las experiencias son diferentes, pero comparten una idea: el desarrollo de una industria cultural no puede depender exclusivamente de las decisiones comerciales de empresas extranjeras.
En Argentina tenemos una larga tradición cinematográfica, con profesionales técnicos y creativos reconocidos internacionalmente: son dos las películas argentinas que consiguieron un premio Oscar, la máxima distinción de la industria a nivel global.
Sin embargo, gran parte de las reglas que organizan nuestra actividad audiovisual fueron pensadas para un mundo en el que las películas se estrenaban en salas, las series se emitían por televisión y los videoclubes alquilaban películas.
Ese mundo ya no existe.
Hoy discutimos cómo financiar la producción nacional mientras buena parte del consumo audiovisual se realiza a través de plataformas internacionales. Y mientras otros países actualizan sus políticas para adaptarse a este escenario, nosotros seguimos atrapados en una discusión que muchas veces reduce todo a la oposición entre el fomento estatal y el marco competitivo del mercado.
La cuestión debería ser más concreta: cómo generar condiciones para que producir en Argentina resulte atractivo, cómo garantizar oportunidades para los creadores noveles e independientes y de qué manera lograr que una parte del negocio audiovisual contribuya al desarrollo de nuevas producciones.
Eso exige discutir incentivos fiscales, mecanismos de financiamiento, obligaciones razonables para las plataformas y reglas que protejan la diversidad cultural. También requiere transparencia, controles y criterios profesionales para administrar los recursos públicos. Porque fomentar una industria no significa financiar cualquier proyecto sin evaluar sus resultados.
Hay, además, una dimensión que suele quedar relegada cuando hablamos de inversiones y presupuestos.
Si las decisiones sobre qué producir responden únicamente a la búsqueda de audiencias globales, corremos el riesgo de que nuestras historias terminen adaptándose a fórmulas cada vez más parecidas entre sí. No porque lo local carezca de atractivo, sino porque aquello que funciona comercialmente en muchos mercados suele imponerse sobre las particularidades culturales.
Y un país necesita algo más que aparecer ocasionalmente como escenario de una superproducción. Necesita conservar la posibilidad de contar historias que quizás no interesen a millones de espectadores en todo el planeta, pero que resulten fundamentales para comprender quiénes somos.
La pantalla puede ser una extraordinaria ventana al mundo. El desafío es conseguir que también siga siendo un espejo en el que podamos reconocernos.
En un mercado audiovisual globalizado, necesitamos que las historias argentinas tengan un lugar en las plataformas. Soy consciente de que sin Ricardo Darín no se puede, pero solo con Darín no alcanza.
