La Señora Justicia anda que enferma (por las noches alguien le arranca las vendas)

A menudo somos muy exigentes con los funcionarios públicos, y con los políticos que elegimos para gobernar.

Es paradójico, porque los elegimos e inmediatamente les desconfiamos y eso hace que el poder legislativo (en el ámbito que fuera: nacional, provincial o municipal), asuma un rol de control del poder ejecutivo. Ya nos acostumbramos a esto, lo naturalizamos. Diputados, senadores y concejales se convirtieron en fiscales, denunciantes crónicos y opinadores seriales, cuando su rol y razón de ser es bien distinta. Los ámbitos legislativos deben ser exclusivamente los encargados de diseñar leyes y normas para la Nación, las provincias y los municipios. Existen organismos de control (para los poderes ejecutivos y legislativos) totalmente devaluados, o lo que es peor: ignorados. Y también existe un poder autónomo, el judicial, que debiera ser la columna vertebral del país, que no mira el color de quien gobierna y falla de acuerdo a las normas establecidas. Que no acomoda discursos. Nada de esto funciona como debiera, entonces aceptamos sin más a legisladores que denuncian en ámbitos políticos pero no en judiciales, con medios de comunicación que hacen del periodismo de investigación una herramienta de marketing propio y de presión corporativa, pero cuando llega la hora de dar el paso judicial se retrotraen a su tarea de "informar con objetividad".

En la era de las encuestas, la justicia sería como un enfermo terminal. Mayoritariamente todos opinamos que funciona mal, que es lenta, que está subordinada al poder político de turno, que no tiene recursos para funcionar, etc., etc., pero no se espera que nada cambie. Ni que mejore. Ni que aplique un plan de aggiornamiento al siglo XXI. Solo aparece en modo reclamo ante casos aislados (de repercusión mediática), o cuando nos toca (la injusticia) más de cerca a cada uno.

Es común "auditar" a políticos y funcionarios. No lo es pedirle cuentas a los legisladores y menos a fiscales y jueces.

Durante la década de 1990, la Corte Suprema fue duramente criticada por carecer de la suficiente independencia del Poder Ejecutivo. De hecho, muchos de sus miembros fueron acusados de conformar una «mayoría automática» que siempre fallaba a favor de los intereses del gobierno menemista. Kirchner impulsó una nueva Corte que fue recibida con elogios y esperanza, mientras que el gobierno de su esposa se fue del poder con cuestionamientos acerca de lo mismo que había criticado: la permeabilidad a los intereses de la gestión política.

Macri asumió como presidente procesado por las escuchas ilegales mientras gobernaba la Ciudad de Buenos Aires, pero con mensajes muy claros sobre el tema judicial. Hizo declaraciones acerca del respeto no negociable a la independencia de poderes y a la necesidad de fortalecer al poder judicial. En esta línea pasó para muchos inadvertida una declaración suya que entiendo muy peligrosa: "Si el señor Julio De Vido tiene demasiados amigos en la justicia, los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad o vamos a buscar otros jueces que nos representen", dijo Mauricio Macri en una entrevista pública en la Bolsa de Comercio el jueves pasado. Esto supone dos cosas graves: a) el presidente de la Nación sospecha firmemente que la justicia no es imparcial con todos los ciudadanos, b) que dependerá de él ir en busca de nuevos jueces que interpreten lo que él cree que deben hacer.

Las reglas del juego debieran ser unívocas y para todos, caiga quien caiga. Cuando se lesiona la confianza y todos asumimos que el poder de turno o el dinero tienen peso propia sobre las consecuencia de violar esas reglas de juego, estamos perdidos. Entonces aparece la confusión, los justicieros, los denunciantes huecos, y perdemos todos.

Los abogados terminan sus escritos con una frase de rigor: "será Justicia".

Que sea, digo yo.

Buena semana.