Tengo un plan... 

La semana transcurrió hablando de planes.

No económicos, ni productivos, ni de inversión. De planes sociales se trata.

La historia de la aparición de los planes sociales se remonta a comienzos de siglo, cuando la Argentina había quebrado, diputados y senadores nacionales aplaudían de pie el default en el propio Congreso de la Nación y los bancos se quedaron con los dólares de los ahorristas.

Entonces, se perdieron miles de puestos de trabajo, se cancelaron inversiones públicas y privadas y subieron todos los índices indeseables (pobreza, desnutrición, indigencia, subocupación).

Por esos días, el país que supo ser el granero del mundo mostraba con horror como se morían niños y niñas en el norte por desnutrición. Y los programas de tv repetían sin parar a un nene formoseño que decía tener “hambre de agua”.

El Estado del duhaldismo creó un concepto de asistencia directa bajo el término “jefes y jefas” de hogar, que fueron la piedra fundamental de los actuales “planes sociales”. Estos fueron cambiando de nombres, alcances, formatos y asociaciones, pero fueron siempre creciendo. Lo que había nacido como un plan de emergencia se transformó en un derecho adquirido que luego se vio en algunos casos suplementado con otros programas de asistencia social y la Asignación Universal por Hijo.

En los gobiernos kirchneristas (del matrimonio) los planes tenían una organización descentralizada a través de cooperativas de trabajo que brindaban servicios (de sus miembros), según las necesidades de los municipios donde trabajaban. Se trataba de jornadas de medio tiempo en tareas encargadas y supervisadas fundamentalmente por los ejecutivos municipales. Así, hubieron cooperativas que se especializaron en la construcción de veredas, en la extensión de redes de agua segura y cloacas, en el mantenimiento de plazas y espacios verdes, y otras tareas en el espacio público como corte de pasto. En ese contexto, quienes supervisaban asistencias y cumplimientos y puntualidades era los gobiernos locales, paso previo a la liquidación del pago. En resumen, aún con denuncias sobre malas prácticas, los planes tenían una contraprestación concreta.

Esta situación se repitió hasta diciembre de 2015, cuando asumieron en simultáneo las administraciones macristas en la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El macrismo se caracterizó por intentar aplicar sus discursos del sentido común en la vida política, fundamentalmente diferenciando “lo que está bien de lo que está mal”. El problema les llegó generalmente a la hora de instrumentar esas decisiones “políticamente correctas”. En el caso puntual de los planes sociales tomaron una “decisión irreprochable”: les sacaron la gestión a los intendentes y municipios (para despolitizarlas) y las dejaron en manos de las cooperativas y organizaciones sociales con una sola condición: que la contrapartida fuera “que estudiaran” (que se capacitaran en alguna tarea u oficio). La idea era que esa “capacitación” los sacaría del plan y les ofrecería una salida laboral dentro del mundo del trabajo formal. El resultado: el peor. Los planes sociales pasaron de 386.000 en diciembre de 2015 a 705.000 en diciembre de 2019.

La medida no sólo fue mala porque casi se duplicaron los planes, sino porque: a) dejaron de realizar un aporte concreto, medible y evaluable; y b) nadie contempló los cómo, cuándo ni dónde se capacitarían ni cómo o quién los evaluaría. Esto fue: “que vayan a estudiar antes de cortarle el pasto a los intendentes” pero sin saber a qué “escuelas”, ni con que docentes, materiales, y otros etcéteras varios que se olvidaron de contemplar... .

Así las cosas, llegamos a un acuerdo común: hay que bajar los planes, hay que generar trabajo genuino, hay que dignificar a sus beneficiarios como trabajadores. El tema es cómo. Poner el tema en discusión asusta a algunos y pone en guardia a otros, pero es un debate que hay que dar para pasar a la acción.

Mientras tanto, como dice la canción… .

Buena semana.