El inicio de 2026 consolida una dinámica que podemos llamar de la Argentina post hiperinflacionaria: el primer mes del año viene acompañado por una batería de aumentos en áreas específicas que parecen ignorar el hecho de que el gobierno argentino dijo haber terminado para siempre la impresión de billetes. Transporte, alquileres, servicios públicos, combustibles, salud y trámites obligatorios vuelven a ajustar sus valores, configurando un escenario de mayor presión para los ingresos familiares, como es sabido, pero también para los ingresos de una empresa que quiera funcionar de manera rentable. Como dijimos durante toda esta serie de verano, las potencias del mundo se pelean por ver quién le da mejores condiciones a sus ciudadanos para poder trabajar.
¿Y el topo?
Por Nico Varela (@nicoevarela)
En materia de alquileres, los contratos que aún se rigen por la ley anterior registrarán en enero un incremento del 36,39%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL). Si bien el mercado opera hoy bajo nuevas reglas tras la derogación de la normativa, miles de inquilinos continúan alcanzados por estos ajustes anuales, que representan uno de los mayores saltos de gasto mensual cuando toca. Pero lamentablemente, los nuevos contratos de locación no son una ventaja comparativa. Los precios de contrato son altos, muchas veces en dólares, y los ajustes se dan por el mismo ICL pero cada tres meses, en el mejor de los casos. En locales comerciales, sobre todo, se pueden ver ya aumentos mensuales.
El transporte público también inicia el año con subas. En la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo aumentó y pasó de $658 a $688, con un esquema de incrementos escalonados previstos para febrero y marzo. En la Ciudad de Buenos Aires, el subte mantiene su tarifa durante enero, pero ya tiene programada una actualización para marzo, cuando la gente de todo el AMBA vuelva masivamente a capital para trabajar.
Los combustibles, por su parte, llegan a enero con una carga acumulada que no debe ser ignorada: durante 2025 los precios subieron cerca del 40%, y en los próximos meses se espera que los aumentos sigan según todas las fuentes consultadas, encareciendo aún más el transporte de las familias, pero también de toda la industria y logística. Para saberlo habrá que ir cada mañana a ver los carteles, porque ya no es obligatorio informarlo.
En el área de salud, las empresas de medicina prepaga anunciaron incrementos de hasta 2,5% en las cuotas y copagos. Se trata de una suba que se suma a una serie de ajustes mensuales consecutivos, profundizando el fenómeno de deserción de familias enteras, pero también de empresas que eligen degradar planes o directamente apelar a las Obras Sociales Sindicales (principalmente) en lugar de ofrecer el beneficio de medicina privada.
Los servicios públicos vuelven a actualizarse. El gas natural tendrá aumentos de entre 2% y 3%. La electricidad registrará una suba del 3,9%, mientras que el servicio de agua y cloacas aumentará 4% a partir de la próxima factura.
Otro incremento, ya que estamos, fue el de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que sube 21,8%, llevando el costo mínimo para un auto particular a más de $97.000. Un trámite obligatorio que se convierte en un gasto cada vez más difícil de afrontar para las familias y desencadena en dos fenómenos igual de peligrosos. El primero, asociado también a la capacidad de trabajar. Los usuarios comunes cometemos el error de pensar que es algo que sirve para ir por ruta a la costa, pero una vez más toda la industria depende de la verificación técnica obligatoriamente para poder trabajar. El segundo es el más silencioso, el de vehículos que salen en cada vez peores condiciones si es que pueden evitar el gasto.
Este conjunto de aumentos —alquileres, transporte, combustibles, prepagas, gas, luz, agua y VTV— puede no ser del 25% como fue durante el primer mes de la gestión de Javier Milei. Pero aunque algunos finjamos demencia en muchas familias requiere, como mínimo, atención. No se trata solo de cifras aisladas, sino de un aumento sostenido del costo de vida que obliga a reorganizar presupuestos y postergar consumos, pero también exige a las empresas empezar a tomar medidas respecto de su propia rentabilidad.
Si, soy de los que cree que lo primero que hay que hacer en un contexto inflacionario es ocuparse del salario de las familias, pero en este mundo cambiante es necesario preguntarse qué le espera a los proveedores de esos salarios. Hasta ahora, el negocio más rentable en la Argentina, sigue siendo comprar y vender bonos del Estado Argentino.
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