A dos semanas y cuatro días de haber retirado todas sus pertenencias del local cerrado de Garbarino en Monte Grande, ubicado en la esquina de Leandro N. Alem y Florentino Ameghino, la firma ya no tiene locales a la calle tras haber culminado los últimos 105 que le pertenecían. De los 4.325 empleados que tenían, hoy solo le quedan 850.
Garbarino no reabrirá en Monte Grande: la situación de la firma luego del desguace del local
Ya sin el de Monte Grande, son 105 los locales cerrados de la firma. Hoy le quedan 850 empleados, de lo más de 4 mil que tenía.
En la última semana, la cadena de electrodomésticos Garbarino envió el telegrama de despido a casi 1.800 empleados. En agosto del 2020, la firma contaba con 246 locales, que por falta de pagos en los alquileres sumado a la falta de mercadería, debieron cerrar en su totalidad. La firma acumula deudas, demandas judiciales, pedidos de quiebras y embargos.
La sucursal que la firma de Garbarino tenía a disposición en la esquina de Leandro N. Alem y Florentino Ameghino desde hace muchos años en Monte Grande, cerró sus persianas y cesó su actividad definitivamente. A fines del pasado mes de octubre, el viernes 29, empleados estuvieron retirando las últimas mercaderías restantes que disponía el local.
Actualmente, hay alrededor de 4 mil familias que siguen ligadas a la compañía y suman más de un semestre de sueldos impagos. Garbarino ofreció un retiro voluntario, en el que se les prometía a los empleados abonar las indemnizaciones recién en tres meses y en un plan de pago de 24 cuotas consecutivas.
Luego de un pedido de la Federación de Empleados de Comercio al Gobierno nacional para evitar los despidos, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días. De esta manera, la resolución oficial obliga a ambas partes a poner la situación en suspenso. En las próximas dos semanas, el gremio deberá abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza u otra acción directa, mientras que Garbarino deberá dejar sin efecto las desvinculaciones durante ese plazo.
La cadena de electrodomésticos pasó hace más de un año a manos del empresario Carlos Rosales, dirigente de San Lorenzo y dueño también del grupo asegurador Prof, el cual también atraviesa por severas dificultades. Alrededor de un mes atrás, el Gobierno decidió inhibir sus bienes y le prohibió emitir nuevas pólizas debido al déficit que acumula.

