San Vicente

Detuvieron a un concejal de Ezeiza por extorsionar a empresas

Fernando Amarilla es un hombre del riñón de Alejandro Granados. Lo acusan por haber extorsionado a empresas de seguridad cuando el intendente era ministro bonaerense.
viernes, 14 de diciembre de 2018 · 11:15

Fernando Amarilla es concejal del PJ de Ezeiza y un ladero del intendente Alejandro Granados. Ayer fue detenido por la Policía Bonaerense en el mismo Concejo Deliberante, acusado de haber extorsionado a empresas de seguridad privada para otorgarles habilitaciones y beneficios a cambio de coimas durante la época en que se desempeñó como titular de la Dirección de Agencias de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que entre 2013 y 2015 comandó el propio Granados.

La orden de detención estuvo a cargo del juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale. La carátula de la causa judicial es por extorsión e incumplimiento de deberes de funcionario público. La denuncia que inició la imputación la hizo el sucesor de Granados como ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, aunque antes las víctimas de las supuestas extorsiones habían elevado reclamos, presuntamente desatendidos.

En diálogo con El Diario Sur, desde el Municipio de Ezeiza aseguraron que la detención los tomó por sorpresa y que ni Amarilla ni Granados sabían de la investigación. También se mostraron tranquilos en que la causa no avanzará hasta el intendente, responsable del Ministerio de Seguridad en la época en la que supuestamente se cometieron los delitos que habría dirigido Amarilla.

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Según la investigación de la Justicia, estarían comprobadas las intimidaciones a propietarios de empresas, que habrían sido obligados a entregar dinero bajo amenazas y presiones. El primer denunciante habría Claudio Daniel Dezillio, que dirige las empresas de seguridad "Protected Spirits" y "Prevent Security".

Según el testimonio que citó Clarín, en 2014 Dezillio habría sido convocado por Amarilla y otros funcionarios a una reunión. Ante la negativa a pagar una coima, habría recibido más de diez inspecciones en puestos operativos de Canning, San Vicente y Ezeiza. En ese punto se vio obligado a pagar. Pero habría registros filmados de esos encuentros, en los que había complicidad de otro dueño de una empresa. Ese intermediario todavía no fue detenido pero lo estarían buscando. Trascendió que habrá más imputados.

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