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Pozo de Banfield: preocupación por nuevo retraso del juicio

Uno de los jueces pidió apartarse por un problema personal y volvió a postergarse el comienzo del proceso contra los represores del Pozo de Banfield.

El juicio por los crímenes de lesa humanidad en el Pozo de Banfield sufrió un nuevo retraso. Después de haberse postergado el inicio por la cuarentena, uno de los jueces solicitó apartarse de la causa por un problema personal y se generó otra dilación.

El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata permitió que uno de sus integrantes se excusara justo cuando estaba por comenzar el proceso judicial contra 14 represores por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención banfileño. Se trata de Eduardo Farah, quien pidió apartarse porque debe cuidar a su madre de 86 años.

La situación generó preocupación y fastidio entre sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos. No es para menos: el juicio debía empezar el 5 de mayo, se postergó por la cuarentena y justo ahora que se encaminaba su comienzo con protocolos de seguridad, se produce esta nueva postergación. Hay que esperar que la Cámara Federal de Casación Penal designe a un nuevo juez que reemplace a Farah y se sume al tribunal junto a Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers.

"Que el Tribunal se quede sin uno de sus integrantes justo cuando estaba a punto de comenzar el juicio, es alarmante. No podemos permitir más dilaciones, porque esto lleva indefectiblemente a la impunidad biológica y a la imposibilidad que las víctimas obtengan justicia", se quejó Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos, en charla con la Agencia Télam.

El Pozo de Banfield funcionó entre 1974 y 1978 en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora. Fue un espacio fundamental para el plan sistemático de desaparición de personas y robo de bebés. Además de registrarse maternidades clandestinas, allí alojaron a víctimas de la Noche de los Lápices y fueron torturadas alrededor de 300 personas, de las cuales casi 100 permanecen desaparecidas.

La causa está unificada con "Pozo de Quilmes" y tiene un total de 19 imputados, 429 víctimas y 400 testigos. Entre los represores juzgados se encuentra Miguel Etchecolatz y el médico policial Jorge Borges.

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