Este miércoles 10 de abril, el Gobierno Nacional comunicó, mediante el boletín oficial, la aplicación del Decreto 302/2024, el cual deroga la norma implementada por el ex Presidente Alberto Fernández que regulaba los precios de los servicios de telecomunicaciones, como los celulares, el internet y el cable.
El Gobierno ya no pondrá frenos para los aumentos de telefonía e Internet
El Gobierno comunicó, mediante el boletín oficial, la derogación del decreto que regulaba los precios de las telecomunicaciones. Cómo puede afectar esto.
10 de abril de 2024 - 12:00
El decreto 690 que fue derogado, con el objetivo de "restaurar el marco normativo de libre competencia", congeló los aumentos por algunos meses y habilitó al Estado Nacional a actuar como el regulador de cualquier ajuste a futuro. Sin embargo, las diversas empresas a las que afectaría este decreto judicializaron sus reclamos con medidas cautelares que pausaron su aplicación total.
Además, disponía que las telecomunicaciones "son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia", por lo que "la autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad". También, le permitía al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que regule "los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en competencia".
No obstante, esta medida fue derogada por el Gobierno Nacional actual, por lo que los proveedores de servicios de comunicación podrán competir libremente y actualizar sus precios sin regulación estatal.
El boletín oficial de este miércoles explicó qué se busca respecto a la regulación del sector al derogar el decreto 690: "Debe ser corregida (la regulación) con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados".
Y agregó: "Los licenciatarios de servicios TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".
A pesar de los cambios realizados, el Gobierno decidió mantener al Servicio Público Telefónico como una prioridad, asegurando su condición de servicio público básico. Esto implica un compromiso con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la telefonía, especialmente en áreas donde la cobertura es limitada.
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