El conflicto entre el Gobierno nacional y los municipios tendrá en un nuevo capítulo a partir de la decisión del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, de avanzar en el cambio de reglamentación para que las distribuidoras de gas no le puedan cortar el suministro a aquellos usuarios que decidan no pagar conceptos ajenos al servicio.
El Gobierno busca cambiar el reglamento para facturas de gas: otro conflicto con los intendentes del conurbano
El Gobierno quiere modificar la reglamentación para que no se le corte el suministro a aquellos usuarios que no paguen otros servicios municipales.
14 de enero de 2025 - 12:14
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó hoy a una audiencia pública, establecida para el próximo 6 de febrero, en la que se buscará dar inicio al proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas tanto con las distribuidoras como las transportistas.
En ese encuentro surgirán las nuevas tarifas para el período 2025-2029, por lo que habrá aumentos nominales en las facturas de los usuarios además de un mecanismo de actualización “periódico” por inflación y devaluación. De esa manera se les garantizará a las empresas un panorama previsible de ingresos en los próximos cinco años a cambio de planes de inversión y estándares de calidad en la prestación.
Sin embargo, la idea que más interesa al Ejecutivo es lograr la modificación del reglamento para que las firmas de distribución no puedan cortar el suministro a aquellos que decidan no pagar conceptos ajenos al servicio, todo en el marco del conflicto que tiene en el centro de la escena tanto al titular de Finanzas como a varios jefes comunales de la región, que se cruzaron en distintas ocasiones en las últimas semanas por el cobro de tasas municipales y provinciales en las boletas.
La decisión se ampara en la Ley 24.076, la Resolución de la Secretaría de Comercio 267/24, la Resolución de Enargas y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, normas que prohíben incorporar tasas e impuestos en las boletas de los servicios públicos.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, lleva a la reunión el mandato de que el aumento en las remuneraciones que otorguen a las transportistas y distribuidoras deberá implicar subas por debajo del 10 por ciento para los usuarios finales en todo el año, incremento que además podría ser fraccionado en cuotas mensuales para aliviar el impacto.
Las tarifas finales que pagan los usuarios tienen cuatro componentes: el costo de la energía, el transporte, la distribución y, sobre eso, los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Los subsidios del Estado se aplican únicamente al costo de la energía, mientras que el transporte y la distribución no están subsidiados. Cada hogar percibe o no descuentos en ese ítem según su categoría dentro de la segmentación de subsidios: ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).
Una lucha de varios capítulos
Recientemente Caputo apuntó contra los intendentes que cobran tasas en las facturas de servicios públicos e instó a los gobernadores a tomar medidas para evitar esa práctica que considera desleal. En ese sentido, afirmó que los cargos incluidos en las facturas impiden una reducción más rápida de la inflación, la principal lucha esgrimida por el Gobierno.
“El ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria. A su vez, estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”, había indicado el Ministerio de Economía a través de un comunicado.
“La nota enviada también hace hincapié en que Ley de Coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos”, continuó el Palacio de Hacienda.
Rapidamente, frente a ese mensaje, salieron en respuesta varios jefes comunales, entre ellos Julián Alvarez, de Lanús. "Caputo, si tanto te interesa lo que pasa con los vecinos en los municipios, en vez de atacar a los distritos del conurbano por qué no trabajás para que Aysa retome las obras de agua y cloacas que están paradas hace un año en Lanús", especificó vía redes sociales. Ahora el puntal es el gas, y es factible que el duelo discursivo vaya en aumento.
