El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la ley de Inocencia Fiscal de forma tal que incentive la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.
“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda durante su intervención en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).
La lógica detrás del proyecto es clara para el funcionario: si los contribuyentes tienen mayor seguridad jurídica, más ahorros en dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero se canalizarán hacia la inversión productiva. Y esa inversión, en su visión, activa un círculo virtuoso. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, afirmó.
Panorama con los cambios
El proyecto que llegará al Congreso apuntaría, según consignó Infobae, a modificar el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en al menos tres puntos. El primero tiene que ver con la posibilidad de rectificar declaraciones juradas en más supuestos que los hoy previstos. En la normativa vigente, si la diferencia en el saldo a favor del fisco supera el 15%, el contribuyente pierde la presunción de exactitud en sus declaraciones y queda expuesto a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revise ejercicios anteriores. Con la modificación proyectada, la ARCA podría detectar una discrepancia y darle al contribuyente la posibilidad de corregir la declaración. Si regulariza y paga la diferencia, mantiene la presunción de exactitud y el efecto liberatorio sobre los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024.
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El segundo cambio apuntaría a eliminar los límites de acceso al RSG. Actualmente, el régimen excluye a quienes superan $1.000 millones anuales de ingresos o $10.000 millones de patrimonio. El proyecto busca suprimir esos topes para ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherirse y, con ello, formalizar ahorros en moneda extranjera que hoy permanecen fuera del sistema.
El tercer punto contemplaría elevar el monto mínimo para litigar, que hoy se ubica en 25.000 pesos. La actualización busca adecuar ese umbral a los valores actuales y reducir la litigiosidad por montos bajos, permitiendo que tanto la ARCA como la Justicia concentren sus esfuerzos en casos de mayor impacto económico.
