El Gobierno impulsa un proyecto para reemplazar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 por una nueva “Ley de Libertad Educativa”. Esta iniciativa apunta especialmente a la educación básica —inicial, primaria y secundaria— y no incluye cambios concretos para universidades ni la normativa de educación superior. Uno de los puntos más relevantes es la habilitación del “home schooling”: los alumnos podrían recibir enseñanza en el hogar y certificar sus aprendizajes mediante exámenes periódicos, sin que se establezca una edad mínima para esta modalidad.
Además, la propuesta da más peso a la familia al definirla como el agente “natural y primario” de la educación, mientras que el Estado se plantea como subsidiario. Las escuelas también tendrían más autonomía para diseñar sus propios planes de estudio, siempre respetando los contenidos comunes obligatorios, aunque ya no sería un monopolio estatal. Se impulsa el uso de la educación híbrida —combinando clases presenciales y virtuales— y la modalidad a distancia, ampliando las maneras de enseñar y aprender.
Otros puntos del proyecto en educación
En cuanto a los contenidos, el proyecto faculta a las provincias para ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de forma optativa y fuera del horario escolar. También proclama la esencialidad de la educación básica: ante cualquier medida de fuerza docente, debe garantizarse una “continuidad mínima del servicio educativo”, lo que podría limitar el impacto de los paros.
Otro punto de debate es el financiamiento: el borrador propone eliminar la obligación de destinar al menos el 6 % del PBI a la educación, un umbral exigido por la actual ley. La salida de ese piso presupuestario generó preocupación entre especialistas y sindicatos, quienes advierten que puede debilitar la inversión pública en educación.
Para el Gobierno, esta reforma representa una modernización del sistema educativo, con más opciones para las familias y formas flexibles de aprendizaje. Pero para sus críticos, el proyecto podría aumentar las desigualdades, reducir el rol del Estado y abrir paso a una educación más privatizada y segmentada.
