El Gobierno envío al Congreso la denominada “Ley de Hojarascas”, un proyecto orientado a la derogación de 70 normas consideradas obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes.
El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentado en 2024, aunque concluyó aquel período legislativo sin ser sancionada por los legisladores nacionales. Ahora el objetivo es depurar el sistema legal eliminando un extenso listado de legislaciones que, según el funcionario, obstaculizan el esquema contemporáneo del Estado y restringen innecesariamente derechos y actividades en la sociedad argentina.
En este nuevo intento, el Gobierno retoma los fundamentos expuestos hace dos años, cuyo contenido perdió estado parlamentario. Allí se destaca que el análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad e identifica seis categorías que justifican la derogación o modificación, agrupando más de 80 leyes, decretos y artículos individuales.
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El texto oficial subraya que la acumulación de legislación inútil o superada no sólo genera burocracia y sobrecostos para los ciudadanos y las empresas, sino que, en algunos casos, fue aprovechada para bloquear actividades legítimas, restringir libertades elementales o establecer privilegios en un Estado de derecho.
Entre los ejemplos se incluyen regulaciones sobre la microfilmación de documentos oficiales, la obligación de poseer un “carnet de mochilero”, la criminalización de denuncias contra el Estado en organismos internacionales y el establecimiento de fondos, premios y organismos que dejaron de operar o nunca se constituyeron en la práctica.
Los ejes de la ley
Los ejes para definir las eliminaciones fueron los siguientes: Normas derogadas o superadas por otras más modernas, como la antigua ley sobre vacunación contra la viruela, que quedó sin efecto práctico tras la entrada en vigor de la Ley N° 27.491 sobre enfermedades prevenibles por vacunación, o la Ley N° 3.863 sobre seguros agrícolas, invalidada tras la derogación del antiguo Código Civil; leyes desfasadas por el avance tecnológico o los cambios económicos y sociales, como las que regulan la microfilmación de documentos en el Ejército y la Armada —consideradas ahora arcaicas frente a los sistemas digitales—, o la Ley N° 21.895, que autorizaba la televisión a color, una disposición que perdió todo valor en el contexto actual de redes sociales y comunicación digital; normas que limitan libertades individuales o vulneran principios constitucionales, como la Ley N° 14.034, que penalizaba a quienes propiciaban sanciones políticas o económicas contra el país —incluyendo, potencialmente, a quienes denuncien violaciones a derechos humanos ante organismos internacionales—, o la Ley N° 20.120, que autoriza la supervisión estatal sobre las reuniones privadas y públicas en lugares cerrados, una disposición calificada de abiertamente inconstitucional; y finalmente leyes que suman cargas burocráticas o crean organismos inoperantes, como la obligación de informar al propio Estado Nacional sobre exploraciones estatales, la necesidad de registrar mapas oficiales para cualquier uso comercial (como su inclusión en etiquetas de vino), o la creación de comisiones y fondos repetidos en la estructura administrativa.
