A sólo cinco días para la definición, los promotores de la legalización del aborto acordaron un proyecto de dictamen que incluye varios cambios respecto de la propuesta original. Las encargadas de anunciar los cambios fueron las dos primeras firmantes del proyecto, Victoria Donda y Mónica Macha, quienes en base a las inquietudes presentadas por distintos diputados, buscaron una forma de generar un mayor consenso.
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Debate sobre Aborto Legal: Realizan cambios en el proyecto para ganar consenso
Los diputados que apoyan la iniciativa aceptaron modificaciones para conseguir una mayor cantidad de votos.
08 de junio de 2018 - 10:55
Unos de los cambios presentados es que se modificaría el artículo 85 del Código Penal para reducir la pena de la mujer o persona gestante que lleve adelante un aborto después de la semana 14. La pena máxima pasaría de 4 años de prisión a 1 años, por lo que el delito se convierte en excarcelable.
Otro cambio consiste en la regulación de la objeción de conciencia, ausente en la iniciativa elaborada por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que garantiza a las mujeres el derecho a decidir voluntariamente la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El dictamen permite que los médicos se nieguen a interrumpir un embarazo, pero sólo habilita esas situaciones de manera excepcional para los profesionales que se inscriban con anterioridad en un registro.
Otra de las modificaciones se refiere al artículo que habilitaba a las adolescentes menores de 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de los padres. Se decidió remitir a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial, que indica que los jóvenes de entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Y agrega que si se trata de tratamientos invasivos el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores, y que en caso de conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica.
La posibilidad de realizar un aborto después de la semana 14 en casos de malformaciones fetales graves, es otro de los puntos y se dispuso que sólo se permitirá después de la semana 14 si se trata de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
En sintonía con la ley vigente en la actualidad y con el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo, el aborto después de la semana 14 de gestación también quedaría autorizado en los casos de violación (en los que bastaría con una declaración jurada de la mujer, sin intervención judicial) y cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer, considerada como derecho humano.
Otro punto consiste en poner consejerías interdisciplinarias a disposición de las mujeres que manifiesten su voluntad de abortar. Esta instancia no incluiría un período de reflexión obligatoria y no afectaría el plazo máximo de 5 días estipulado en el proyecto para la realización del aborto desde el momento en que la mujer asiste al centro de salud.
La última modificación apunta a reforzar las políticas de salud sexual reproductiva, como una forma de dotar a la iniciativa de un enfoque integral que permita neutralizar los argumentos de los diputados que proponen reforzar la prevención en lugar de aprobar la despenalización.
