El pasado jueves 10 de julio, se aprobó en el Senado la Ley de Emergencia en Discapacidad, por unanimidad de los 56 senadores presentes, pero el presidente Javier Milei anunció que la vetará debido a que complicaría el mantenimiento del superávit fiscal, una de las claves de la política económica del Gobierno.
La situación de los centros de atención en discapacidad en la región: "Se hace muy difícil seguir"
El Gobierno amenazó con vetar la Emergencia en Discapacidad, pero los prestadores luchan por subsistir en medio de la crisis del sector. Muchos tienen ingresos congelados desde diciembre.
20 de julio de 2025 - 14:00
La iniciativa busca declarar de interés público nacional el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y plantea una serie de medidas para enfrentar la crisis en la atención a personas con discapacidad. Entre los principales puntos, se propone la regularización de pagos atrasados a prestadores y la actualización mensual de aranceles, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios.
En paralelo, la iniciativa contempla una reforma del sistema de pensiones no contributivas, que incluye la revisión de las condiciones de acceso y permanencia, así como el aseguramiento del financiamiento adecuado para personas con discapacidad.
El proyecto también hace hincapié en el fortalecimiento institucional, mediante la mejora en la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la implementación de auditorías para corregir fallas en la gestión. Además, establece obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, ya que el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas durante la emergencia.
Otro punto relevante es la creación de compensaciones económicas de emergencia para prestadores y asignaciones específicas para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Asimismo, se propone actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), fijando nuevos lineamientos en conjunto con el Consejo Federal de Discapacidad, para contemplar factores físicos, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales.
“Si los centros cierran, ¿a dónde van a ir los chicos?”
El Centro de día Volver A Enseñar (VAE) inició su actividad hace 26 años. Se encuentra ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 10.802, de la localidad de Temperley. El objetivo principal es ayudar a personas con discapacidad, con la realización de diferentes actividades, entre ellas, talleres de teatro, de cocina, huerta y educación física.
Cabe destacar que el Centro de día VAE es una ONG y una entidad de bien público, que trabaja con distintas obras sociales para asistir a las personas. De este modo, lo que reclaman es el aumento por las prestaciones que realizan: "Existe un nomenclador oficial establecido por la ANDI (Agencia Nacional de Discapacidad), que determina los valores que las instituciones y prestadores pueden cobrar por las prestaciones que brindan. Es decir, nosotros no podemos fijar nuestros propios valores según las necesidades reales, sino que estamos sujetos a ese monto oficial, que no recibe aumentos desde diciembre del año pasado", sostuvo María del Carmen Ramírez, integrante de la directiva.
En ese sentido, manifestó que es de suma urgencia que haya un aumento porque las reservas económicas se están agotando y, de seguir así, podrán llegar a cerrar: “De continuar esto así, a la mayoría de los centros se les va a hacer muy difícil poder seguir. Hacemos malabares todos los días e intentamos seguir adelante todos juntos. Si los centros cierran, ¿a dónde van a ir los chicos? en vez de avanzar, vamos a retroceder 20 años”.
Además, afirmó que los principales gastos son la luz y el gas, debido a que utilizan la calefacción y las cocinas para hacer las viandas: "Por ser un centro de día y trabajar con personas con discapacidad no contamos con ningún beneficio especial. Los costos se pagan como en cualquier otro lugar. Y este edificio en particular, que ocupa toda una esquina y es muy amplio por la cantidad de chicos que recibimos, tiene gastos muy elevados. Con la llegada del invierno, se suman los aumentos en servicios como el gas, la luz y el agua, que tienen costos altísimos".
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“Los miembros más poderosos de la sociedad están celebrando la exclusión de los más vulnerables”
El Instituto Jhaiti es una de las entidades más representativas en cuanto a la asistencia de personas con discapacidad. Se trata de un centro educativo de carácter privado en la modalidad de educación especial de la localidad de Monte Grande y que sufre las consecuencias de la crisis que vive el sector hace varios años.
Iara Darago, responsable general del instituto, aseguró en diálogo con El Diario Sur que todavía pueden “hacer frente a la emergencia gracias a que tenemos sueldos docentes subvencionados por la Provincia de Buenos Aires”. “Sin esa ayuda, con la infraestructura que tenemos, estaríamos en convocatoria”, sentenció.
“Incluso en nuestra situación, debido al congelamiento de los aranceles, que han quedado desfasados del IPC en más del 70 %, nos vemos en la necesidad de limitar gastos”, explicó Darago. Y planteó que ello “limita en forma concreta la posibilidad de seguir avanzando con prácticas y aprendizajes indispensables para lograr la autonomía y el desarrollo de nuestros estudiantes”.
“Hace más de 45 años que el Instituto Jhaiti inició su camino en la atención de las personas con discapacidad y podemos afirmar que nunca hemos vivido una situación parecida a la actual”, retrató la responsable general de la institución de Monte Grande.
En ese marco, Darago planteó que “hasta hace poco había un consenso generalizado sobre la necesidad de respetar a los sectores más vulnerables de la población, un límite ético y moral que impedía pensar en la posibilidad de que nuestra sociedad aceptara la inclusión de los discapacitados en las políticas de ajuste”.
Sin embargo, según la postura de la responsable del Jhaití eso cambió cuando “los miembros más poderosos de la sociedad celebrando la exclusión de los más vulnerables”. “El día en que el Senado sancionó la ley de Emergencia pudimos celebrar el logro inconmensurable de estar en el centro de la agenda política. Todo ese logro se vino abajo como un castillo de naipes cuando pocos minutos después asistimos atónitos al espectáculo cruel de un auditorio repleto de funcionarios y empresarios que aplaudía el anuncio del veto realizado por el Presidente”, concluyó Darago.
“El sistema va a ser insostenible en poco tiempo”
En cada uno de los centros que se dedica a la asistencia a discapacitados de todas las edades se puede observar la grave crisis en la que está sumido el sector en los últimos años. Uno de ellos es el consultorio “Yo Puedo” de Monte Grande que trabaja en la atención de niños con discapacidades.
“Atravesamos una muy mala situación dado que nuestros honorarios no se actualizan desde septiembre de 2024. En esa fecha se programó un aumento escalonado hasta diciembre y desde ahí el valor nomenclador continúa siendo el mismo”, explicó Lucía Venturini, psicóloga del centro, en diálogo con El Diario Sur.
“El valor nomenclador es de $12.000 y por particular cobramos $28.000. La diferencia es abismal”, detalló la profesional, que se dedica a la evaluación y el tratamiento de niños y adolescentes con desafíos en su neurodesarrollo. “Va a ser insostenible en poco tiempo. Nadie querrá trabajar en discapacidad, yo soy un poco más grande, pero terapeutas formadas trabajando en discapacidad es muy difícil encontrar”, sentenció Venturini.
“Debemos presentar presupuestos a las obras sociales para que sean aprobados para el siguiente año y eso en algunos casos puede demorar hasta mayo del siguiente año”, aseguró la psicóloga sobre el método con el que deben trabajar. “Nos trae problemas con los padres que quieren que igual atendamos a su hijo, pero la realidad es que sin la aprobación no iniciamos un tratamiento porque no sabemos si nos abonarán lo correspondiente”, planteó la vecina.
En se marco, Venturini subrayó que la “Zona Sur además es una población aún más vulnerable porque el poder adquisitivo no es como en CABA”. “Tenemos padres que no trabajan para cuidar a su niño. Imposible cobrarles un copago como el que necesitaríamos”, concluyó.
