El juez le otorgará al gobierno provincial el tiempo que sea necesario para resolver el conflicto. Fue tras un pedido del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.
Desde el lunes que Larroque trabaja en Guernica junto a colaboradores en la reubicación de las familias de la toma. Pero hasta ahora solo aceptaron irse voluntariamente 170 de las 2.000 familias que hay en el lugar.
Las complicaciones llegan por un sector “radicalizado” de la toma que llama a resistir el desalojo. Para destrabar esa situación la Provincia había pedido que se pospusiera el “lanzamiento” hasta el 14 de octubre, pero el juez definió que sea sin fecha, para evitar, llegado el caso, tener que ordenar un nuevo desalojo.
