Editorial

La grieta judicial dice presente

Esta semana distintas acciones de la gestión pública y de la política pusieron en jaque los roles de la Justicia.
domingo, 10 de febrero de 2019 · 09:00

En esta misma página puse en duda si la corrupción en la vida pública argentina se había iniciado con las malas prácticas de la política o en la inacción u omisión de la Justicia. Esto venía a cuento de un momento en el que los (mismos) jueces y fiscales de la Nación parecían haber recobrado la memoria sobre su razón de ser y los alcances (teóricos y prácticos) de sus juramentos hipocráticos. Algunos lo tomaron como un resurgir de la Justicia (con mayúscula) y una bocanada de oxígeno y esperanza entre tantas denuncias de corrupción. Otros pensábamos los porqués de esa “primavera” y temíamos que los judiciales que se presentaban libres y “escindidos de los intereses del poder político de turno”, en realidad le estuvieran haciendo el juego (una vez más) al poder político de turno. Mientras tanto, desde la Casa Rosada se manifestaba (manifiesta?) la absoluta vigencia de la división de poderes, con la independencia que supone el sano ejercicio de la democracia. Esta semana distintas acciones de la gestión pública y de la política pusieron en jaque los roles de la Justicia (en presente, pasado y futuro).

A) El secretario de energía Gustavo Lopetegui estableció unilateralmente nuevas condiciones de pago para el gas que productores locales e internacionales extraen del yacimiento de Vaca Muerta. Sucede que el entonces ministro Aranguren había fijado una especie de “tarifa incentivo” para que las empresas salieran del letargo e invirtieran en la segunda reserva de gas natural del mundo (eso es Vaca Muerta). El argumento era inobjetable: la Argentina pagaba (y paga) por gas natural importando de Bolivia (y licuado que llega en barcos), mientras tiene un recurso natural extraordinario sin explotar. Los que recogieron el guante y pusieron sus millones para impulsar el yacimiento se encuentran hoy con un cambio de reglas de juego. “Inseguridad jurídica” le llaman e inician multimillonarios reclamos judiciales en la certeza que no habrá ningún juez que les falle en contra (o sí?). El caso emblemático es el del Grupo Techint cuya demanda al Estado argentino alcanzará la friolera de 5.655 millones de pesos. Dicen que Paolo Roca (su presidente) sostiene: “pensé que lo peor que me iba a pasar los próximos años es haber quedado imputado en la causa de los cuadernos, pero no...”.  

B) Carolina Pochetti es la viuda de Daniel Muñoz (ex secretario y hombre de confianza de Néstor Kirchner). La habilidad de su difunto esposo para los negocios les permitió, entre otras cosas, comprar propiedades en Miami por 73 millones de dólares, en movimientos económicos y financieros que despertaron curiosidad y denuncias de lavado. Sin embargo el juez federal Luis Rodríguez los sobreseyó en 2013 sosteniendo que los suyo no había sido enriquecimiento ilícito. “Los cuadernos” pusieron a Muñoz en el centro de las escenas donde habrían bolsos que iban y venían llenos de dólares y su viuda (que había empezado el proceso de desinversión yanqui) terminó procesada y presa. Dicen que la cárcel suele ablandar a los más duros y derrumbar a los blandos. Pochetti se convirtió en arrepentida buscando menos pena y mejor trato, y entre otras cosas confesó una multimillonaria coima de 10.000.000 de dólares al juez federal Luis Rodríguez para que fallara a su favor. Rodríguez trabaja en la justicia desde hace 40 años y es titular de uno de los 12 juzgados federales de la Nación...

C) Martín Báez quedó detenido en Ezeiza por haber “movido” 5 millones de dólares violando medidas cautelares en las que había sido procesado por lavado de dinero. Desde el jueves está preso en el mismo pabellón que su padre... 

D) El juez Ramos Padilla investiga desde el viernes al fiscal Stornelli por extorsión a un empresario. Marcelo D’Alessio está imputado como operador del fiscal Carlos Stornelli y fue allanado en la tarde del miércoles denunciado por haberle cobrado 300.000 dólares a un empresario para aliviarle una supuesta acusación en la causa de los cuadernos. En el expediente también está imputado el propio Stornelli. La extorsión se habría concretado en el balneario CR de Pinamar donde D’Alessio le habria pedido los 300.000 dólares a Pedro Etchebest. En la causa hay numerosas escuchas telefónicas, capturas de whatsapp, filmaciones y fotografías sobre el vínculo entre D’Alessio y Stornelli y fotos de la reunión en Pinamar y pagos adelantados con billetes registrados. D’Alessio, que se presenta como funcionario de la DEA, y el empresario Etchebest trabajaron juntos en la estatal ENARSA durante el kirchnerismo. D ́Alessio, cuenta que estuvo en la empresa de energía estatal como informante de la embajada de Estados Unidos, es uno de los abogados del arrepentido Leonardo Fariña. En Comodoro Py dicen que entra y sale de la fiscalía de Stornelli de forma habitual. 

Mientras tanto: la provincia de Jujuy aprobó una ley para cobrarles la atención médica a los extranjeros; el presidente Macri reconoció que su optimismo le hizo pensar que sería más fácil bajar la inflación pero que “le está costando”; el mundo del fútbol llora la aparición sin vida de Emiliano Sala y Venezuela navega en una triste y dolorosa incertidumbre.
Buena semana.    

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