Hace demasiados meses que quedó claro que subestimar al Gobierno de Milei es un error en todo plano. El oficialismo se encarga sistemáticamente con muchas de sus medidas de sacar ventajas ante el descrédito y falta de autoridad moral de su oposición. Los libertarios pueden animarse a atentar contra el derecho a huelga, facilitar el blanqueo de dólares sin declarar y cobrar lo que corresponde de luz a los countries y edificios de Puerto Madero, mientras que en el peronismo y demás vertientes opositoras tienen que pensar cuidadosamente qué dicen al respecto, porque siempre tienen un muerto en el ropero o están al borde del orsai. La Libertad Avanza juega con la cancha inclinada.
Con la cancha inclinada
Por Manuel Nieto (@NietoManuelOk).
25 de mayo de 2025 - 10:00
De los anuncios de esta semana, el más polémico es el decreto que pretende limitar (y en algunos casos prácticamente anular) la posibilidad de realizar medidas de fuerza en una cantidad de sectores que pasan a ser considerados “esenciales”. Los dos ejemplos más claros son el transporte y la educación. Con esta medida en vigor, los gremios de estas actividades que quieran hacer paro deberían garantizar un 75% de presencia de sus trabajadores. Es decir que se terminarían las jornadas sin clase por orden de SUTEBA o los días sin trenes y colectivos que afectan a otros millones de trabajadores.
El Gobierno ya había intentado poner en marcha este mecanismo con la “Ley Bases”, pero se chocó con lo obvio. El derecho a huelga está consagrado en la Constitución Nacional, y limitarlo excesivamente implica violar la Constitución. La Cámara del Trabajo lo bloqueó en aquel momento y seguramente lo vuelva a bloquear ahora la instancia judicial a la que le toque resolverlo.
Lo más sintomático con este tema pasa por la decisión de los dirigentes del peronismo de mantener un “perfil bajo”, cuando se supone que el movimiento obrero organizado es “la columna vertebral del Partido Justicialista. Posiblemente estén callados o hablando en voz baja por temor a perder la discusión ante buena parte de la opinión pública. Porque desde el regreso de la democracia hasta 2022 se perdieron en promedio 24 días de clases al año por medidas gremiales. En 2023, en la provincia de Buenos Aires, el combativo “Suteba multicolor” impulsó 26 jornadas de paro. Todo esto afecta a las familias con hijos en escuelas públicas, mientras en las privadas el funcionamiento es normal. La regla es que si sos pobre tenés peor educación y un mes menos de escuela que los demás. La mala imagen de los sindicalistas no es una casualidad.
¿No pudieron los gobiernos previos a Milei implementar herramientas que racionalizaran la problemática de los paros, al menos en un sector tan delicado como la educación? Evidentemente no. Y más: cada intento de reforma o actualización educativa tuvo que pasar por el filtro de tipos como Roberto Baradel. Posiblemente Baradel no sea un mal sindicalista, representa un interés puntual y legítimo -el de los trabajadores por su derecho a tener un salario digno- pero no el del sistema educativo, que debería tener como objetivo principal mejorar la vida de los chicos, especialmente de los más pobres.
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Así que si para discutir con el gobierno el derecho a huelga corremos el riesgo de que nos hablen de Baradel o de Hugo Moyano, mejor nos quedamos callados y damos la pelea en la Justicia. Ese parece ser el razonamiento del peronismo y la CGT.
Del mismo modo, ¿cómo pueden hacer los opositores para criticar el blanqueo de Milei que vuelve a premiar a los evasores y burlarse de los contribuyentes cumplidores, si cada uno de los últimos gobiernos de los últimos años tuvo el suyo propio? Además, el argumento libertario es inteligente: con cepo e inflación, a los ahorristas no les quedó otra más que los dólares y el colchón, por lo que ahora viven una “reparación histórica” (frase que eligieron en referencia a la fallida “reparación histórica” del gobierno de Macri a los jubilados en juicio con la Anses).
Otra panzada que se dio Milei esta semana fue el anuncio de que cortarán los subsidios en las tarifas de energía a los usuarios de Puerto Madero y de countries del Gran Buenos Aires. Martín Guzmán, el primer ministro de Economía de Alberto Fernández, intentó sin éxito implementar una “segmentación tarifaria”, que le permitiera al Estado ahorrar alguna parte de la suma sideral que invierte en subsidios a energía, en muchos casos para usuarios que no lo necesitan. No lo pudo hacer: la oposición del sector de La Cámpora y Cristina Kirchner fue tal, que terminó con la renuncia del ministro. Así que ahora el vocero Adorni puede hablar de “justicia distributiva” sin ponerse colorado. El track record de sus opositores le facilita mucho su tarea.
