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Por decreto, los trabajadores deberán estar al menos un año en la obra social de su actividad

El gobierno firmó un decreto que no permite la libertad de elección de obra social por un año para trabajadores que inicien un vínculo laboral

Mientras Argentina pateaba penales contra Colombia, el gobierno nacional decidió publicar un decreto en que se modificó el sistema de libre elección de las obras sociales de los asalariados que inicien un vínculo laboral. El decreto 438/2021 viene a reemplazar al Nº 1400/2021, que permitía que se ejerza la opción de elegir de cuál obra social disponer.

El mismo sentencia que los trabajadores "deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio". De esta manera, cada nuevo trabajador está obligado a estar un año con la obra social de su actividad sin disponer de un traspaso de sus aportes a otra entidad.

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La medida es reclamada hace tiempo el sindicalismo dado el creciente desfinanciamiento del sistema de obras sociales y la tendencia de los trabajadores primerizos de derivar sus aportes a obras privadas. Según datos oficiales, en junio pasado hubo unos 42.075 traspasos.

La libre elección provocaba que los trabajadores más jóvenes, sanos y con mejores ingresos sean absorbidos por obras sociales chicas, que llegaban a acuerdos con prepagas para derivar ese tipo de afiliados. Ante eso, los aportes quedaban atrapados en el sector privado mientras el sistema de seguridad social continuaba desfinanciándose.

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Claudio Belocopitt, uno de los empresarios que se opone al decreto.

Claudio Belocopitt, uno de los empresarios que se opone al decreto.

Rechazo del sector privado

El decreto que oficializó el gobierno no cayó bien en el sector privado, gran perjudicado por la medida: de los 6 millones de clientes que tiene la medicina privada, en 4.5 millones impactará la nueva disposición (75% de sus afiliados). Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) afirmó que el decreto va “en contra de la gente y los trabajadores. Va a generar una infinidad de problemas cuando quieran cambiar de trabajo o estén insertándose al mercado laboral”. En el sector coinciden que el gobierno está buscando poner un tapón a la fuga de usuarios de las obras sociales sindicales a los prestadores privados.

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