En el marco de la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y otros doce imputados por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, el fiscal Diego Luciani concluye hoy con el alegato y solicitó una pena de 12 años de prisión y que se inhabilite de manera perpetua a la vicepresidenta para ejercer cargos públicos.
El fiscal pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner, un decomiso de 5 mil millones e inhabilitación para cargos públicos
Diego Luciani dijo que la vicepresidenta será acusada de fraude al Estado. Pidió 12 años de prisión y un decomiso por 5321 millones de pesos
En ese sentido, la fiscalía dijo que Cristina Kirchner era la jefa de una asociación ilícita y será acusada de fraude al Estado. Los fiscales también pidieron una condena de 12 años de prisión para Lázaro Báez, de 10 años para Julio de Vido, para José López y para el ex titular de Vialidad Nelson Periotti; 6 años de prisión para Mauricio Collareda y también para Juan Carlos Villafañe; 5 años de prisión para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4 años para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro.
“Su condición de Presidenta de la Nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes. Era la máxima autoridad. Interpuso su interés personal sobre el interés público”, dijo Luciani.
Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
El fiscal Diego Luciani también cuestionó de lleno la afirmación de que las contrataciones de obra pública del Estado no son materia revisable por la Justicia: “Esa es una manera de intentar que ningún poder del Estado pueda inmiscuirse en estas cuestiones”, agregó, para criticar al Presidente por sostener esa afirmación. “Cuando esas expresiones proceden del propio Presidente, como sucedió en este debate, deben interpretarse como una injerencia indebida de un poder del Estado en otro”.
Además, Luciani pidió decomisar propiedades de la familia Báez. “El decomiso es una mera herramienta accesoria a la pena”, explicó el fiscal. Y agregó: “Que se proceda al decomiso de 5321 millones de pesos. Esa suma es la que vamos a solicitar. Equivale a casi 1000 millones de dólares. También vamos a solicitar la actualización de ese monto”. Ante eso, solicitó que, de dictarse una eventual condena, los bienes sean destinados a una entidad de bien público.
