Hace unas semanas escribí sobre lo que pasa del otro lado del parabrisas, y dije que una cámara que funcione puede ser la diferencia entre una familia que se queda sin respuestas y otra que las consigue. No sabía que muy pronto iba a tener la oportunidad de ver qué pensamos, en general, de las cámaras. En nuestro programa de stream de El Diario Sur en Vivo hablamos esta semana de las fotomultas instaladas en la Ruta 58, entre Canning y San Vicente, y subimos el tema a las redes. Los comentarios fueron muchos y vale la pena leerlos con calma, porque dicen bastante más de lo que uno hubiera pensado.
El sentido de casi todos es el mismo y se resume en una palabra: recaudar. Para la gran mayoría, las cámaras no están ahí para evitar accidentes sino para llenar las arcas municipales, y de ahí derivan el resto: que las multas llegan meses después, que los carteles no se ven de noche, que no hay luz ni señalización, que las velocidades máximas son de otra época, que sería más honesto poner agentes que te detengan y te expliquen en el momento por qué. Hubo quien dudó incluso de nuestras intenciones al tocar el tema. Es parte de un clima de época y lo tomo como de quién viene. El Diario Sur publicó dónde está cada una de las cámaras y cuál es el límite, y ahí termina nuestra función.
Quiero ser justo, porque varios de esos reclamos son razonables y verificables. Una señal que no se ve a la noche es un problema real. Un cruce sin luz también lo es. Si hay normas sobre la distancia mínima entre el cartel y la cámara, el municipio tiene que cumplirlas y explicar cómo lo hace. Sobre esto no tengo elementos para afirmar que se cumplan o no, pero la pregunta es legítima, y no me parece que defender las cámaras implique callar las dudas sobre cómo se usan. Un control que se percibe como trampa pierde el respeto de la gente, y sin respeto no previene nada.
Lo que me llamó la atención fue otra cosa. Entre esas decenas de opiniones, muy pocas hablaban de la ruta como un lugar donde la gente se muere. Casi ninguna mencionaba al que va en moto, en bicicleta o a pie, ni a lo que ocurrió hace poco en esa misma ruta. La discusión era entre quien maneja y quien cobra, y quedaba afuera el tercero, el que no tiene carrocería. Una de las pocas voces que se acordó de él lo hizo para señalar, con bastante razón, que dentro de los barrios cerrados se respeta el límite de veinte y en la ruta algunos lo ignoran por completo. Es el mismo conductor con dos criterios distintos, según lo vigile alguien o no. Ni hablar de quienes señalaban que viajaron al exterior y corroboraron que existen velocidades permitidas más holgadas (y por supuesto allí las respetan sin chistar).
Y hubo, como siempre, un costado más oscuro. Aparecieron quienes proponían romper las cámaras, y no como metáfora: uno sugería hacerlo directamente con una herramienta, otros que se tapen las patentes para evitarlas. No creo que sean mayoría, ni que lo digan en serio todos los que lo escriben a las seis de la tarde, enojados y con el teléfono en la mano. Pero conviene mirar adónde lleva esa lógica. Si la cámara es el enemigo, destruirla parece una forma de justicia, y si la patente es un estorbo, taparla parece un acto de defensa propia. Lo que nadie dice es lo que esa solución deja atrás: una ruta sin ojos, y cada uno va a la veolocidad que considere que corresponde a su investidura.
Se puede discutir cuánto de lo que se recauda se destina a mejorar la ruta, y se debe. Se puede exigir transparencia, mejor iluminación y carteles que se lean. Todo eso me parece sano. Es más, empezaría por mirar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien hace no mucho instaló un fotopeaje en la ruta 6 que no pone ningún límite ni regla. Todo el que pase, a la velocidad o en las condiciones que pase, paga. Lo que no veo es cómo se llega desde ahí a la idea de que el problema es la cámara y no la velocidad a la que pasamos frente a ella.
Hay, de todos modos, una salida elegante para quienes están convencidos de que esto es solamente un negocio. Si las fotomultas son un invento para recaudar, la manera más eficaz de dejarlas sin trabajo es sencilla y gratuita: ir a la velocidad permitida. Una cámara que no registra nada no le cobra a nadie, y el municipio, tarde o temprano, tendría que buscar otra caja.
