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La oposición se pintó la cara

El gobernador Kicillof subestimó el tratamiento que le darían a su proyecto de ley de presupuesto y chocó con una oposición que creía golpeada. Cambiemos eligió no hacerle fácil el camino, aún a riesgo de confirmar que siempre favorecen a los que más tienen. Los números públicos no cierran y los dirigentes políticos pelean por sacarle agua a las piedras.

Esta semana se concretó finalmente la sanción de la Ley Impositiva en el parlamento bonaerense.

El proyecto de ley inicial que Kicillof había enviado a la Legislatura sufrió distintos cambios, luego de que el Gobierno llevará adelante múltiples negociaciones con intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio.

El último miércoles había sido sindicado como el día D para el tratamiento que buscaba consenso y aprobación. Sin embargo la oposición de Cambiemos (o Juntos para el Cambio) ya había anticipado que buscarían modificar seis artículos, que finalmente realizaron en la Cámara alta.

Fue justamente en el Senado donde se dio la última batalla de la negociación parlamentaria. La oposición buscó y logró modificar losartículos 6, 20, 22, 25, 27 y 100 del texto. Para la gente de a pie esto no significa básicamente nada, aunque la gran discusión de fondo de es a quien beneficia y a quien perjudican los cambios de esos artículos: básicamente se generan o mantienen excepciones que le impiden al ejecutivo bonaerense percibir casi 10mil millones de pesos. ¿De dónde sale esa merma en el dinero disponible al que aspiraba la gobernación?  La mayoría corresponde a la no aplicación de aumentos en ingresos brutosde los servicios de profesionales, la TV por cable y la gran mayoría de las actividades portuarias. Este último ítem fue el eje central de conflicto. La oposición pretendía eliminar el artículo o lograr una baja en el “impuesto portuario”. El Gobierno resistió argumentando que sacar (o disminuir) el tributo significaba un beneficio adicional a grandes contribuyentes (léase: los que más tienen), pero finalmente cedió en la convicción que era indispensable para lograr la sanción.

Este tironeo permanente por los cambios en la ley terminó retratando el objetivo que tenía Juntos por el Cambio cuando sus representantes anunciaban que debería aprobarse una “ley de consenso”. No salió el proyecto original, pero tampoco la segunda versión. El que se aprobó fue una tercera versión del documento a la que se llegó luego de un cónclave en la Legislatura.

En esa ultima versión el grupo de partidas las que alcanzará el 75% del aumento inmobiliario urbano (el principal punto de negociación entre el oficialismo y la oposición) quedó en aproximadamente 600.000 contribuyentes. Esto es (nada más, ni nada menos) dos millones y medio menos que el proyecto original que había diseñado Kicillof junto a su equipo de trabajo. En resumen: solo el 10% de las partidas pagarán el porcentaje más alto. Además, el beneficio de un descuento por abonar el impuesto anual pasó del 20% a un 25%. Por otra parte, el aumento de los ingresos brutos para la fabricación de medicamentos quedó en el 1,5%, mientras que Kicillof buscaba llevarlo al 3,5%. Similar fue la situación con los ingresos brutospara los servicios profesionales, que se mantendrán en 3,5% en vez de aumentar a un 4,5%, como pretendía el gobierno bonaerense.

Primera conclusiones:

  1. El gobernador subestimó el tratamiento que le darían en la legislatura bonaerense a su proyecto de ley de presupuesto y chocó con una oposición que creía golpeada y resultó por demás combativa.
  2. Cambiemos eligió no hacerle fácil el camino a Kicillof, aún a riesgo de confirmar todos los supuestos políticos a cerca de que siempre (tanto cuando estuvieron en el ejercicio del gobierno como ahora desde la oposición) favorecen a los que más tienen.

En paralelo se desató la batalla porteña cuando el presidente Fernández confirmó su intención de bajar en un punto en la corparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires del gobierno nacional. Diputados porteños del ex PRO y del GEN de Margarita Stolbizer salieron con los tapones de punta defendiendo la plata de los porteños al grito de: “aportamos el 25% del presupuesto anual del país y recibimos solo el 3.2% en concepto de coparticipación”. El caso emblemático del reclamo lo encarnó el edil Sergio Abrevaya (GEN) que afirmó: “el presidente Alberto Fernandez debería sentir vergüenza como porteño por impulsar este saqueo a las arcas de su Ciudad, que terminan perjudicando a todos los porteños”.

Los números públicos en el presupuesto no cierran y los dirigentes políticos pelean por sacarle agua a las piedras. Una pelea que recién empieza.

Buena semana.

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