Plebiscito en Chile: el desafío del día después

Para entender cómo se llegó a hoy, es necesario hacer un poco de historia.

En octubre de 2019 se desató una crisis social cuando, por recomendación de un panel de expertos en transporte público, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del metro (subte) en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (U$S 1,17 aproximadamente). La situación fue agravándose cuando la violencia tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de 18 estaciones de metro y colectivos, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas.

Esa era sólo la punta del iceberg y fue el puntapié inicial de una serie de reclamos y descontento social, que incluyó la “marcha del millón de personas” (una movilización inédita en la historia del país). Como si hubiese sido una olla a presión, de repente surgieron una serie de reclamos vinculados no sólo a las tarifas de los servicios del transporte, sino también con el pedido de gratuidad para la educación terciaria y universitaria y el reconocimiento de los pueblos originarios. Estos últimos reclamaban que se les otorgara la propiedad y el uso de las tierras de sus antepasados, el derecho a autodeterminarse y el reconocimiento de su ley, por considerarla anterior a la propia conformación de la República de Chile como Nación. Este reclamo indigenista generó históricamente alarmas ya que varias de sus agrupaciones se mostraban armadas con el objetivo de defender sus tierras.

Luego de arduos días y meses de negociación, que incluyeron declaraciones, aclaraciones, rectificaciones y cambios de gabinete, el entonces presidente Piñera convocó a elecciones que definieran los representantes constituyentes para redactar el texto de una nueva constitución.

Luego de casi tres años, ese texto es realidad y se pone a consideración del voto popular este domingo.

Las encuestas previas anticipan un empate técnico entre el “apruebo” y el “desapruebo”. Aún con varias personalidades políticas sin definir públicamente su postura, el principal argumento para quienes están a favor de la nueva redacción se apoya en que la actual “es la constitución de el régimen militar de Augusto Pinochet”. Sin embargo es una afirmación parcialmente cierta. Aquella Constitución de 1980 fue modificada durante el gobierno de Ricardo Lagos, en puntos centrales que garantizaron los derechos y el ejercicio de la democracia recuperada.

Un punto débil de este proceso está dado en que el plebiscito de hoy se define por mayoría simple. Esto significa que cualquiera de las dos posiciones resultará victoriosa con la mitad más un voto (entre los sufragios válidos). Tal vez aquí esté el gran talón de Aquiles de todo el proceso. Una reforma tan importante y trascendental para la vida de un país, debió haber contemplado que se resolviera por dos tercios de los votos, como sucede habitualmente con algunas leyes de menor rango que el de una “ley madre”, como lo es una Constitución.

Así las cosas el principal desafío del nuevo gobierno de Boric será el día después. Si, como dicen las encuestas, cualquiera de las dos opciones triunfara por escaso margen queda por delante un gran trabajo político y social para recomponer el tejido entre los que eligieron la opción perdedora (¿la mitad del país?).

Chile, que supo alternar gobiernos de distinto color político sin que sus principales políticas de Estado se vieran afectadas luego de la caída del régimen dictatorial de Pinochet, está probablemente en un momento de inflexión de su historia. Se trata de un país que se autodefine como netamente exportador, con tasa cero a las importaciones y que apoya su política exterior en acuerdos con los países centrales en sociedad con los Estados Unidos.

La nueva Constitución incorpora el concepto de la plurinacionalidad (histórico reclamo indigenista); crea un nuevo sistema nacional de salud; autoriza al poder ejecutivo a convocar a las Fuerzas Armadas en resguardo del orden institucional; elimina la reelección presidencial y reemplaza el Poder Judicial por una nueva figura: el Consejo de Justicia. Éste estaría formado por 17 miembros entre los que se garantizaron dos plazas a los indígenas.

Para el actual presidente, aprobar la reforma significaría coronar el proceso iniciado en las revueltas sociales de 2019. Entre la oposición, y los sectores más conservadores, crece el temor por el avance y reconocimiento de pueblos originarios ya que los consideran belicosos e ingobernables.

Mañana lunes amanecerá una nueva conformación geopolítica en la región. Los que tienen responsabilidad de gobernar y aquellos que son su oposición, deberán trabajar para conciliar la “otra mitad perdedora”. Sobre la grieta, les podríamos hacer una maestría…

Último párrafo para lamentar algunas repercusiones de las horas posteriores al atentado que sufrió el viernes la vicepresidente Cristina Fernández. Las imágenes son escalofriantes e irrefutables. Sin embargo, mientras algunos ven un intento de magnicidio otros ven un montaje de ficción cinematográfica. La consecuencia: los primeros salieron a defender la democracia en Plaza de Mayo (una de las marchas más multitudinaria de la historia), mientras que el resto se quejó porque el feriado nacional decretado por el presidente les alteró los planes del viernes.

Cómo dolés Argentina.

Buena semana.

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