España vive por estas semanas un histórico proceso de regularización extraordinaria de los inmigrantes que viven sin papeles. En un país cuya economía necesita de la inmigración para funcionar, hacía 20 años que no se regularizaba a los extranjeros, como ya se había hecho en seis oportunidades desde 1986. Ahora lo encaró el gobierno del socialista Pedro Sánchez y se supone que va a beneficiar a medio millón de personas, la inmensa mayoría de América Latina, entre los que se calculan a 40 mil argentinos que actualmente están irregulares.
Correo desde Madrid: El show de la regularización de inmigrantes en España
Por Manuel Nieto (@NietoManuelOk).
03 de mayo de 2026 - 11:00
El proceso beneficia a todos los que hayan llegado a España antes del 1° de enero de 2026 y puedan acreditar cinco meses ininterrumpidos de permanencia, sin antecedentes penales ni acá ni en su país de origen. Además, hay que demostrar un trabajo con contrato, un vínculo familiar con menores a cargo o acreditar una situación de vulnerabilidad (este último un paso muy criticado, porque agrega una burocracia innecesaria al proceso: es evidente que todos los “sin papeles” son vulnerables).
Como parte del show de la regularización, estas semanas se ven largas filas en muchas embajadas por la solicitud de los antecedentes penales en el país de origen. La escena más cruda ocurrió el lunes pasado en la embajada de Gambia, en pleno centro de Madrid: una multitud de gambianos intentó saltar la tapia del edificio tras esperas vanas ante los funcionarios diplomáticos de su país. La desesperación no afecta solo a los africanos, sino a todos los que les falta algún papel para poder presentarse a la regularización, que tiene como fecha inamovible el 30 de junio.
En ese clima de urgencia, florecen los oportunistas. En los grupos de migrantes en Facebook hay "gestores" truchos que ofrecen turnos por hasta 100 euros. Y también están los estudios de abogados especializados en extranjería que se promocionan en Instagram y Tiktok y que se están “haciendo la América”, justamente, con los americanos. En España hay 28 mil abogados especializados en extranjería, uno de cada cinco del total del país, muchos de ellos inmigrantes ellos mismos.
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Y mientras todo esto ocurre en la calle, la política hace lo suyo. El partido de ultra derecha, VOX, se sumó a los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón con la consigna de la “prioridad nacional”: el líder Santiago Abascal sostiene que los españoles sufren "discriminación" frente a los inmigrantes a la hora de acceder a viviendas de protección oficial o ayudas sociales. El argumento ignora olímpicamente que muchos de esos inmigrantes llevan quizás décadas trabajando y pagando impuestos y alquileres en su país.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, la opositora Isabel Díaz Ayuso, advierte que la política migratoria busca "reventar" las próximas elecciones. El argumento tiene un problema de consistencia: los inmigrantes que se regularicen no podrán votar en los comicios de 2027. Para votar, primero hay que obtener la residencia, luego renovarla, luego acumular años suficientes para la nacionalidad, y después esperar el ciclo electoral correspondiente. Para cuando eso ocurra, lo más probable es que Sánchez lleve un buen rato lejos del poder y quizás la propia Ayuso sea presidenta. Pero sea quien sea el inquilino de la Moncloa, los inmigrantes regularizados van a poder seguir con sus vidas, que van a ser un poco más justas.
