El Gobierno nacional reasignó 160 departamentos del complejo Sagol, en Avellaneda, que ya habían sido adjudicados a familias a través del programa Procrear, y ahora serán destinados a efectivos de las fuerzas federales. La decisión fue impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, generó un fuerte rechazo de los adjudicatarios.
Reclamos por la adjudicación a fuerzas de seguridad de departamentos que ya estaban asignados en Avellaneda
Se trata de viviendas del Plan Procrear que fueron adjudicados por el gobierno anterior y que ahora fueron redestinadas a efectivos de la fuerzas de seguridad.
27 de junio de 2025 - 16:17
En ese marco, los vecinos que ya recibieron la adjudicación de las viviendas ya preparan una batería de demandas judiciales y realizan reclamos en la zona cercana al centro de Avellaneda y al famoso "Elefante Blanco", un edificio inconcluso que se encuentra lindero a la estación Darío y Maxi. “Es una estafa”, afirmó el defensor del Pueblo de Avellaneda Daniel García.
Los inmuebles, ubicados en terrenos que el propio municipio había cedido al Estado Nacional, estaban en su etapa final de construcción cuando la gestión de Javier Milei detuvo los trabajos. Ante la paralización, el intendente Jorge Ferraresi reclamó que se restituyera el predio a la comuna, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, el Gobierno nacional optó por destinar las viviendas a personal de seguridad, sin contemplar los reclamos de las familias previamente adjudicadas.
La entrega fue encabezada por Bullrich hace dos semanas, en un acto del que se excluyó incluso al defensor del Pueblo local. Afuera, los adjudicatarios protestaban, mientras veían frustrado su acceso a una vivienda por la que ya habían iniciado trámites bancarios.
García explicó en declaraciones a La Política Online que las asignaciones se realizaron en noviembre de 2023, y que incluso dos familias recibieron tarjetas del Banco Hipotecario en enero, hasta que el proceso fue abruptamente frenado. “La gente ya había organizado su vida en función de esta entrega. Es un despojo institucional”, denunció.
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