La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo punto central es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto, impulsado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue aprobado con 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones.
Media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil en Diputados: penas de hasta 15 años
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que reduce la edad de imputabilidad a 14 años y fija penas de hasta 15 años para delitos graves.
Acompañaron la iniciativa el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz, junto con los libertarios. El peronismo votó en contra en general y logró mantener la unidad del bloque.
Durante la previa, diputados del Frente Renovador habían dejado trascender que podrían acompañar en particular el artículo que fijaba la edad en 14 años, en línea con un proyecto presentado en 2015. Sin embargo, la votación por capítulos y a mano alzada propuesta por el oficialismo impidió ese respaldo.
Los cambios del nuevo Regimen Penal Juvenil
El proyecto establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.
Para delitos con condenas menores a los 10 años, prevé penas alternativas como amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y de conducir vehículos.
También se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro de los ejes es el reconocimiento de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluidos mecanismos restaurativos.
Institutos especiales y presupuesto para la implementación
La iniciativa pone énfasis en la creación de institutos especiales para menores condenados, donde se garantice el acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones. El personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia y se prohíbe la convivencia con detenidos mayores de edad.
En la última versión del proyecto, el Gobierno incorporó una partida presupuestaria específica para su implementación por un total de $23.739.155.303: $3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. El agregado se realizó luego de que gobernadores advirtieran que no acompañarían la iniciativa si los costos recaían exclusivamente en las provincias.
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