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La Justicia obliga al Gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario

La Cámara Federal ratificó una cautelar que obliga al Gobierno a actualizar salarios universitarios y recomponer becas estudiantiles.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y de recomposición salarial docente, que fue confirmada por el Congreso tras el veto del Gobierno.

Según el fallo, la administración pública deberá cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025. También se ordena la recomposición de los programas de becas para estudiantes.

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La ley había sido vetada por el Gobierno y confirmada por el Congreso. 

La ley había sido vetada por el Gobierno y confirmada por el Congreso.

Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron que los argumentos presentados por el Estado no resultan consistentes. En particular, cuestionaron la postura oficial que sostenía que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva.

Además, remarcaron que el impacto fiscal de la medida es bajo y que no afecta el interés público. En ese sentido, destacaron que lo que está en juego es un derecho constitucional central: el acceso a la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a más de 40 universidades públicas.

El magistrado había señalado que el Decreto 759/2025 —que suspendió la aplicación de la ley— presentaba “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. También advirtió sobre una “inobservancia clara e incontestable” del deber estatal, por su impacto en el funcionamiento del sistema universitario.

La postura del Gobierno

El Gobierno nacional había calificado la decisión judicial como “arbitraria” y sostuvo que la ley requiere previamente definir sus fuentes de financiamiento e incorporarlas al Presupuesto.

Según el Ejecutivo, la cuestión presupuestaria es competencia del Congreso y no del Poder Judicial. También planteó que la medida podría afectar el equilibrio fiscal, argumento que fue rechazado por la Cámara en su resolución.

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